Santo Domingo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) mediante comunicado de prensa recordó que la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de suscribir un Pacto Fiscal entre todas las fuerzas económicas, sociales y políticas en el marco del Consejo Económico y Social (CES).
La institución exhortó al gobierno a continuar con el manejo prudente del gasto público, para evitar los desbalances, y poner en marcha medidas para elevar la calidad del mismo. De igual forma, le solicitó evitar caer en la tentación de someter al Congreso Nacional un nuevo aumento de impuestos, bajo el reiterado argumento de una reducción de la presión tributaria.
La organización indicó que es necesario superar el manejo coyuntural y sin perspectiva de sostenibilidad de la política fiscal que caracterizó la última década, lo que a su juicio ha introducido importantes distorsiones en el sistema impositivo que afectan las capacidades productivas del país, la generación de empleos formales y las condiciones de vida de los ciudadanos.
Para la cúpula empresarial este manejo inadecuado de la política fiscal ha generado más de 10 reformas fiscales de los últimos años y un considerable aumento de las tasas de los principales impuestos, sin que se haya producido una sola revisión estructural del gasto del Estado ni existan medidas de responsabilidad fiscal.
El CONEP considera que es necesario el diseño de un sistema tributario que, de manera estratégica, promueva el desarrollo y crecimiento de los sectores con mayor potencial competitivo. De igual forma, este sistema debe incluir medidas que incentiven la formalización de las empresas, especialmente las MIPYMES, así como acciones para continuar fortaleciendo la administración tributaria para que cobre con mayor eficacia los impuestos vigentes.
El CONEP indicó que de conformidad con dicha ley este Pacto Fiscal esta “orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.
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