Con sorpresa e indignación, la mayoría de los dominicanos y nuestros amigos en el mundo, nos enteramos que una bien articulada campaña mediática, a partir de burdas mistificaciones, describe a nuestra República como un bastión nazi-fascista en el mundo. 

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La versión simple, superficial, engañosa: El Tribunal Constitucional dominicano con su Sentencia 168-13, detonó una crisis en las relaciones dominico-haitianas al “desnacionalizar a cientos de miles de descendientes de haitianos”, como expresión jurídica de la xenofobia y el racismo imperantes. 

La realidad es otra, muy distinta y compleja, de la que no se quiere hablar “porque el infierno está en lo que callamos”. Haití, emblemático y problemático, colapsó como Estado, mucho antes del terremoto del 2010.Figura, consistentemente, en el índice de Estados fallidos del mundo, elaborado por el Fundación Carnegie para La Paz Internacional y Foreign Policy. 



Frente a ese dato geopolítico incontestable, la Comunidad Internacional -y en especial las naciones poderosas que más pueden y deben ir en auxilio de Haití- han adoptado posiciones tan irresponsables como erráticas, de compromisos mínimos o cínicos, que de no corregirse terminarán creando una crisis mayor de serias proyecciones regionales. 

Han descartado el esfuerzo de reconstrucción de las bases nacionales de Haití -que sería lo más justo y racional-, entre otras cosas, por resultar costoso e incierto, pero también por no querer resolver la cuestión de la gobernabilidad de un país que ha terminado por convertirse en un quebradero de cabezas.

¡Eso sí!, se han empeñado con gran eficacia en evitar a todo trance que los flujos migratorios se dirijan hacia las costas de Florida, los territorios de ultramar de Francia y UK, y los pequeños estados insulares caribeños.

En cambio, dada la profundidad de la crisis, han optado por una formula en apariencia fácil y económica: Condicionar y presionar a República Dominicana a asumir el rol de Estado pivote, convirtiéndola en zona de amortiguamiento o válvula de escape de la crisis haitiana. Para eso se explotan sus debilidades y dependencias, empleando sin reservas recursos blandos y duros de poder.

Sin embargo, está probado que esa fórmula equivocada no ayudará a Haití a salir de su postración y derrumbe, y solo estimulara a su clase dirigente a seguir actuando con la creencia de que todo se le debe y que no tienen nada que perder, indiferentes frente al drama de 8 millones de personas en indigencia.

En esos rejuegos, van desestabilizando a República Dominicana, que tiene cada vez más dificultades para aplicar sus políticas y fortalecer sus instituciones. Un Estado de desarrollo medio, relativamente funcional, corre el riesgo de perder todas sus notables conquistas, si los centros de poder en el mundo; en especial en Estados Unidos, siguen procurando “una solución dominicana”a los problemas de Haití.

Pero los que crean que eso puede pasar sin consecuencias, están profundamente errados y podrían llevarse una sorpresa. República Dominicana es la Nación que más interés tiene de que su vecino sea estable, seguro y con un porvenir de prosperidad. Ha sido la más solidaria en el mundo con el drama de Haití, cooperando con la Comunidad Internacional, incluso más allá de lo que corresponde. 

No obstante, sus intereses nacionales -que muchas veces quedan oscurecidos por el laborantismo de la facción complaciente o entreguista- empiezan a imponer límites. La República Dominicana no puede, no debe ejercer hegemonía ni injerencias sobre su vecino. Tampoco puede ni debe aceptar una “solución dominicana” a los problemas de Haití. Cualquier cooperación con la Comunidad Internacional y con las autoridades de Haití, debe estar condicionada en forma estricta a que se cumplan seriamente los compromisos de reconstrucción de Haití en Haití, de refundar sus bases nacionales. 

Hasta ahora, la tragedia Haití ha sido la suma de todos los fracasos, pero podría convertirse también en la causa del fracaso de República Dominicana y de toda la región del Caribe, cargada de tensiones políticas y de la violencia del crimen organizado.
El fallo del Tribunal Constitucional, por el principio de orden y autodeterminación que implica, debería ser el punto de partida de un cambio a fondo del desacertado enfoque estratégico de la política exterior dominicana, que revierta las tendencias al desastre, y garantice que la estabilidad, la paz y el desarrollo tengan un horizonte de futuro en la convivencia de nuestros pueblos.

Por Pelegrin Castillo para CNN