Santo Domingo. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reveló que la mayor causa de muerte por homicidio en el país viene de riñas y conflictos personales, lo que calificó de «preocupante».
De los 643 homicidios no asociados a la delincuencia registrados de enero a septiembre del 2013, las estadísticas reflejan un total de 423 personas que perdieron la vida víctimas de riñas por asuntos personales, en tanto que otras 74 fallecieron por riñas escenificadas en diferentes centros nocturnos; 61 fueron víctimas de violencia intrafamiliar y siete por discusiones relacionadas al tránsito, explicó.
En la inauguración de la Casa Comunitaria de Justicia en la provincia de San Francisco de Macoris, Domínguez señaló que dichos fallecimientos se pueden evitar con la debida mediación e intervención de las autoridades y resaltó la importancia que tiene, el desarrollar una cultura de diálogo y conciliación en las comunidades.
«Debemos fortalecer la cultura del diálogo y la conciliación para evitar derramamiento de sangre y hechos violentos», dijo el máximo representante del Ministerio Público, quien agregó que el aumento de cifras de homicidios por riñas y conflictos menores superan las muertes ligadas a la delincuencia común.
«No podemos seguir permitiendo que la agresividad, la violencia siga prevaleciendo. Estoy convencido que podemos cambiar todo esto, poniendo todas y todos de nuestra parte. No podemos darnos por vencidos y yo tengo la plena convicción de que el dominicano en sentido general, es un ser humano de paz y de trabajo. Vamos a recuperar el terreno perdido», expresó Domínguez Brito.
«Disminuir las muertes por riñas, implica un cambio cultural en todas y todos los dominicanos y para hacer esto posible tenemos que trabajar hacia la misma dirección, tanto las autoridades de la alcaldía, como el ministerio Público y el Poder Judicial, cada uno asumiendo nuestros roles y responsabilidades junto a la comunidad», manifestó Domínguez Brito.
Esta es la quinta Casa Comunitaria de Justicia que funciona en el país, con la misión de facilitar a través de un personal especializado, el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios del sistema de justicia.
Otras operan en las comunidades de Cien Fuegos y La Joya, en Santiago, La Vega y Santo Domingo. EFE
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