Santo Domingo.La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió hoy a los regidores de San Francisco de Macorís suspender al alcalde de ese municipio, Félix Manuel Rodríguez, quien está acusado, junto a dos funcionarios de ese cabildo, de actos de corrupción.
De acuerdo con un comunicado del presidente de la FJT, Trajano Potentini, la ley 176-07, sobre asuntos municipales, dispone que «procede la suspensión en sus funciones de los síndicos y síndicas, vicesíndicos y vicesíndicas, regidores y regidoras, desde el mismo momento en el se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad».
«Es una obligación del consejo de regidores conocer todo lo relativo a la suspensión de funciones de los alcaldes», dijo.
En ese sentido, anunció que solicitarán a los regidores de San Francisco de Macorís «la inmediata» suspensión de Rodríguez.
La FJT lamentó «la protección y aval oficial que se le está dando al alcalde, quien se hizo acompañar, a la hora de entregarse a la justicia, de un nutrido grupo de personalidades, en una clara señal de impunidad y favoritismo, pese a tratarse de un imputado que presuntamente cometió delitos de falsedad, prevaricación, desfalco, abuso de confianza y asociación de malhechores, y que estuvo prófugo de la justicia».
«El poder político tiene que someterse al gobierno de los jueces -dijo Potentini- sobre todo en momentos en que se le exige al Poder Judicial erigirse en centinela de la seguridad ciudadana».
Afirmó que «la sociedad percibe un trato diferente hacia los pobres y los residentes de barrios marginados, respecto de los altos dirigentes políticos acusados de desfalcar el erario público».
La FJT hizo votos «fervientes» para que se deje a la justicia hacer su trabajo como entienda procedente.
Para dicha entidad, la suspensión en funciones del alcalde «es un deber moral y no solamente legal, porque lo contrario, permitirle al imputado continuar disponiendo de los recursos públicos en medio de una investigación penal que envuelve más de cien millones de pesos malversados, es un sinsentido que compromete gravemente el interés social y la persecución jurisdiccional».
La Procuraduría dijo que «analiza» y «pondera» la decisión del juez de la Corte de Apelación de la provincia Duarte, Claudio Medrano Mejía, quien dejó hoy en libertad condicional al alcalde de San Francisco y a dos funcionarios de ese cabildo, acusados de corrupción.
Esto, precisó la Procuraduría en un comunicado, para determinar si procede o no a apelar dicha decisión.
El juez Medrano Mejía benefició hoy con una fianza y una presentación periódica al alcalde Rodríguez, acusado de corrupción en dicho ayuntamiento.
El juez impuso al funcionario el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos, así como presentación periódica por seis meses e impedimento de salida del país.
También fueron dejados en libertad condicional la gerente financiera del ayuntamiento, Fiordaliza Genao Hernández; y el encargado de nóminas del cabildo, Gerson Lizardo, quienes deberán pagar una fianza de 500 mil y 200 mil pesos, respectivamente.
Ambos tendrán que presentarse periódicamente ante las autoridades durante seis meses, tiempo en que no podrán salir del país.
La medida fue tomada un día después de que Rodríguez se entregara ante la Procuraduría, que la semana pasada dictó una orden de captura en su contra por un supuesto desfalco en dicha alcaldía por 100 millones de pesos.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), había pedido contra todos los imputados un año de prisión preventiva.
La pasada semana la PEPCA, que dirige la magistrada Laura Guerrero, solicitó y obtuvo orden de arresto contra los ediles.
Dicha solicitud se hizo luego que el Ministerio Público comprobara que en el período comprendido de enero 2007 a noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, los imputados realizaron un fraude electrónico en la nómina del personal de dicha alcaldía, por un monto aproximado de 25 millones de pesos, cuya irregularidad fue reflejada por una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas.
Entre las pruebas obtenidas tras las investigaciones se destaca que «hubo pagos realizados sin soportes justificativos de más de 8 millones de pesos, así como la falta de registro del pasivo de los compromisos contraídos con el Banco de Reservas para el pago de la regalía pascual de los empleados, ascendentes a un monto de 28 millones, de manera que transparente las amortizaciones mensuales aplicadas», según la Procuraduría General EFE
