El Gobierno se estaría planteando naturalizar o nacionalizar a todos los extranjeros y sus descendientes que residen en territorio dominicano, aun incluyendo aquellos que no posean documentos.
Sin que arroje absoluta claridad sobre si se trata de un plan para amnistiar a los extranjeros y sus descendientes en el país, el Poder Ejecutivo propondría convalidar (legalización) todas las actas de nacimiento expedidas a personas de ascendencia extranjera o no, y que hayan sido instrumentadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, desde el año 1929 al 2007.
Una simple lectura de un anteproyecto que ha elaborado el gobierno en esa dirección induce a pensar que el objetivo del plan es legalizar la presencia y permanencia aquí de todos los inmigrantes haitianos y sus descendientes (población mayoritaria de extranjeros en República Dominicana).
De ser así, se trataría entonces de una decisión gubernamental que entraría en franca confrontación con el espíritu de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que más bien manda a un plan nacional de regularización de extranjeros irregulares en el país, no una amnistía que es lo que al parecer se persigue en este caso para favorecer a extranjeros, tengan o no éstos, actas de nacimiento.
El anteproyecto que ha elaborado el Poder Ejecutivo establece como requisitos que para beneficiarse de la referida convalidación, que será necesario constatar que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad.
Sin embargo, trascendió que un tranque ha retrasado el sometimiento del anteproyecto a la consideración del Congreso Nacional, debido a que el mismo encuentra una fuerte oposición dentro del propio Gobierno.
Informes extraoficiales dan cuenta de que desde el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, hasta el ministro de Interior y Policía, José Ramón –Monchy- Fadul se oponen a elementos esenciales del contenido del referido anteproyecto.
Igualmente, se dijo que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, también objeta la iniciativa gubernamental, porque la misma se traduce en una amnistía a todos extranjeros y sus descendientes que residen en República Dominicana.
Fuente El Nuevo Diario
