El 96,7% de los electores de Crimea votó por unirse a Rusia. «EE.UU. jamás reconocerá resultados de la consulta», insistió Obama durante su llamada telefónica al presidente ruso Vladímir Putin. ¿Y el precedente de Puerto Rico?, preguntan expertos.
«El referéndum de Crimea transcurrió totalmente en coherencia con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas», puntualizó el mandatario ruso. Un plebiscito nacional es una práctica común para que la población pueda decidir el estatus político de sus territorios, acentúa el periódico ruso ‘Pravda’ y cita como ejemplo a Puerto Rico, un territorio no incorporado de EE.UU. con estatus de autogobierno. «Los residentes de este territorio y otros tuvieron la posibilidad de expresar su opinión. ¿Por qué el pueblo de Crimea debe ser una excepción?», insiste, por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitali Churkin, según recoge el diario ‘Rossiyskaya Gazeta’.
El último referéndum en el que los puertorriqueños expresaron su opinión sobre cómo debe ser su estatus en cuanto a EE.UU. tuvo lugar el 6 de noviembre de 2012, pero no tuvo un seguimiento mediático internacional sobre los resultados como en el caso de Crimea, acentúa el analista político Juan José Gutiérrez. «En el caso de Puerto Rico no pasó nada, porque los gobiernos de muchas partes del mundo prefieren quedarse callados para no afectar sus relaciones económicas y políticas con EE.UU. Pero en este caso, con Crimea, todo el mundo se va en grupo en violación del derecho internacional porque quizás piensan que esto les otorgará favores de parte de las autoridades estadounidenses. Es una situación sumamente peligrosa», insiste.
Originalmente poblado por los taínos, Puerto Rico se convirtió en una colonia española tras el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas, en 1493, y estuvo bajo su dominio durante más de cuatro siglos. En 1898, tras ratificarse el Tratado de París con el que se puso fin a la Guerra hispano-estadounidense, el territorio (al igual que Filipinas y Guam) quedó bajo control militar de Washington y el gobernador que EE.UU. designaba directamente. En 1914, la Cámara de Representantes del Congreso local, el único órgano legislativo elegido por los lugareños a través de unos comicios populares (a diferencia del Senado local, nombrado desde Washington), votó unánimemente a favor de independizarse de EE.UU., pero no funcionó. Solo en 1917, los puertorriqueños recibieron la ciudadanía estadounidense: cabe destacar que los legisladores locales se oponían drásticamente a la regulación, argumentando que el único objetivo era llevar a los puertorriqueños al Ejército en vista de que la participación de EE.UU. en la Primera Guerra mundial se hizo probable.
En 1948, Puerto Rico obtuvo el derecho de elegir a su gobernador, su más alto rango político, quien está sujeto al presidente de EE.UU. El 30 octubre de 1950, nacionalistas puertorriqueños dirigieron el Grito de Jayuya, una insurrección contra Washington. Tuvo lugar en varias localidades, pero principalmente en los municipios de Jayuya y Utuado. EE.UU. declaró la ley marcial en Puerto Rico y envió a Jayuya a la Guardia Nacional: la localidad fue bombardeada y atacada por infantería y artillería, lo que resultó en su destrucción parcial.
En 1952, la Constitución de Puerto Rico fue ratificada y dio al territorio el estatus oficial del Estado Libre Asociado, con el derecho de exhibir su propia bandera (un acto anteriormente criminalizado) y sin derecho a voto durante las elecciones presidenciales de EE.UU. A partir de entonces, en Puerto Rico se han realizado cuatro plebiscitos sobre un estatus permanente del territorio, ya sea la independencia, el Estado Libre Asociado con mayor soberanía o la anexión total a EE.UU.: en 1967, 1993, 1998 y 2012. En las primeras tres consultas la opción del Estado Libre Asociado prevaleció. En 2012, un 61% de los votantes puertorriqueños apoyó la idea de adhesión completa a EE.UU., como un estado más (el 33% votó por quedarse con el estatus actual y un 5% quiso un Estado independiente).
Según Washington reiteró en numerosas ocasiones, las consultas solo han servido para medir la popularidad de cada opción sin un compromiso serio del Gobierno federal. Mientras tanto, la Constitución de EE.UU. da al Congreso el derecho de aceptar nuevos estados. En los casi dos años que pasaron desde la última consulta el Congreso aún no ha debatido el caso puertorriqueño: sin embargo, el presidente Obama comentó en su momento que Washington respetará la opinión de la población local.
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