Dominicanos de ascendencia haitiana denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido «desnacionalizados» y viven en indefensión jurídica por un fallo del máximo tribunal que les niega la ciudadanía.
«Nos han colocado en un estado de indefensión, nuestros argumentos ni siquiera han sido contemplados por el Tribunal Constitucional», denunció Natanael Santana, director de la organización de asistencia jurídica CEDAIL.
Es el «proceso de desnacionalización de cientos de miles de dominicanos», afirmó.
El pasado 26 de septiembre el alto tribunal dominicano dictaminó que los hijos de inmigrantes ilegales o en tránsito no son dominicanos, lo que afecta principalmente a la comunidad haitiana.
CEDAIL y organizaciones de dominicanos-haitianos denunciaron ese fallo durante una audiencia en la CIDH, órgano autónomo de la OEA, con sede en Washington.
«Tenemos derecho a existir con dignidad», reclamó el abogado Roberto Antuan, del Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), que terminó su exposición entre aplausos del público.
«Me resisto a aceptar que me desnacionalicen a mí, a mis hijos y a todos los dominicanos y dominicanas de padres haitianos porque se trata de un crimen de lesa humanidad del Estado dominicano», dijo.
Los denunciantes exigieron al Estado dominicano atender la jurisprudencia relativa al asunto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y criticaron al gobierno de hacer ver que la problemática es «insignificante», denunció Santana.
«No existe voluntad política en el Estado dominicano de resolver el problema», afirmó.
El fallo del máximo tribunal dominicano ya había sido calificado como «discriminatorio» en un informe de la CIDH tras una visita a Dominicana, que el gobierno rechazó como «subjetivo».
El gobierno dominicano desarrolla un plan para la regularización de extranjeros, que revisaría los casos de los descendientes de haitianos, anunció en la audiencia la encargada de derechos humanos de la cancillería dominicana, Rhadys Abreu.
Pero esa propuesta recibió un contundente rechazo del comisionado Felipe González, quien señaló que «no se puede exigir a personas que perdieron su nacionalidad que se registren como extranjeros».
Según cifras oficiales, desde 1929 se registraron 24.000 nacimiento de hijos de extranjeros que el Estado considera irregulares, 13.000 de ellos descendientes de haitianos. La ONU calcula que son unas 200.000 personas.
En una audiencia previa, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron el incumplimiento del Estado dominicano a pagar pensiones a trabajadores haitianos, especialmente cortadores de caña de azúcar que no están regularizados.
AFP
