Por Patricia CLAREMBAUX
CARACAS. La diputada María Corina Machado, acusada por el gobierno de promover manifestaciones violentas en Venezuela que han dejado al menos 34 muertos desde febrero, fue destituida ayer, en medio de una ofensiva judicial contra dirigentes radicales de la oposición.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó que la destitución se decidió tras la participación de Machado la semana pasada en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como «representante alterna» de Panamá.
«Según sus actuaciones y acciones la señora Machado dejó de ser diputada. Estamos girando instrucciones para que a partir de este momento la señora Machado no vuelva a entrar como diputada (…). Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo. Puede ser detenida en cualquier momento sin previa notificación a nadie», afirmó Cabello, número dos del chavismo.
El martes pasado, la mayoría chavista de la Asamblea pidió a la Fiscalía investigar a Machado por presunta incitación a la violencia, terrorismo y homicidio en las protestas opositoras que han dejado 34 personas muertas.
El viernes, la diputada fue invitada como «representante alterna» por el gobierno panameño a tomar la palabra en la sesión de la OEA que incluía un punto de debate sobre Venezuela, pero tras una votación éste fue excluido.
«Soy diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida por el pueblo de Venezuela y lo seguiré siendo», dijo la legisladora desde Lima, al considerar que el anuncio de su expulsión «es la demostración de que el gobierno se sabe débil y reacciona de forma desesperada».
Machado participa este lunes en Lima en un foro organizado por la fundación del Nobel de literatura Mario Vargas Llosa.
Machado, una ingeniera industrial de 46 años, fue una de las diputadas más votadas en las legislativas de 2010 y en 2012 fue precandidata presidencial. Su figura acaparó la atención de los medios el año pasado, luego de que en una trifulca en el parlamento salió con la nariz rota.
Junto al dirigente del partido opositor Voluntad Popular Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una cárcel militar bajo acusaciones de instigar a la violencia, fue una de las impulsoras de «La salida», estrategia que llamó a manifestaciones desde el 12 de febrero en el país para forzar la renuncia del gobierno de Nicolás Maduro.
– Advertencia a Capriles –
Por la noche, el presidente Nicolás Maduro se refirió a posibles medidas que el Tribunal Supremo de Justicia podría tomar contra el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a quien culpa de hechos de violencia ocurridos en las protestas callejeras.
«El TSJ tiene grandes responsabilidades para obligar a este gobernador a cumplir con la ley y con los ciudadanos, o si no que se vaya definitivamente», dijo Maduro al denunciar que «por su culpa precisamente» una mujer embarazada habría perdido la vida tras recibir un balazo la noche del domingo en un suburbio de Caracas, en Miranda.
Además de la muerte de esta mujer, el gobierno confirmó el fallecimiento de un sargento de la Guardia Nacional ocurrida en Mérida este lunes y la de un trabajador de la estatal CANTV la noche del sábado en esa misma ciudad.
El gobierno señala como responsables de estas tres muertes a «grupos de ultraderecha», mientras medios de prensa y opositores denuncian que los agresores serían hombres armados simpatizantes del chavismo.
En las últimas semanas, las protestas han caído en intensidad, pero sigue habiendo pequeñas manifestaciones.
Este lunes, medio centenar de jóvenes instalaron de manera indefinida un improvisado campamento ante la representación de la ONU en Caracas para exigir que el organismo mundial envíe una comisión para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos en las protestas.
De igual forma, decenas de estudiantes de medicina se reunieron en una plaza del este de Caracas para protestar contra la falta de insumos médicos.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, sufre una escasez de productos básicos que alcanza el 28%, así como una inflación de 57% anual. Las protestas rechazan también los altos índices de homicidio.
– Ofensiva judicial y diálogo –
En los últimos días, el chavismo mantiene una ofensiva contra la oposición radical, que cuestiona la independencia de los poderes públicos en Venezuela.
La semana pasada fueron detenidos los alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal (oeste), y Enzo Scarano, de San Diego (norte), por su supuesta falta de acción para prevenir desórdenes públicos durante las protestas.
Ambos fueron trasladados a una prisión militar, y Scarano ya fue condenado a 10 meses de cárcel y destituido de su cargo.
Más tarde Maduro amenazó con detener a Ramón Muchacho, alcalde del acomodado municipio de Chacao, epicentro de las protestas en Caracas y donde desde hace más de un mes y medio se viven manifestaciones con enfrentamientos entre radicales y policías.
Sin embargo, Maduro sigue convocando a la oposición al diálogo nacional entablado desde hace semanas con varios sectores del país, entre ellos la patronal Fedecámaras, vinculada a la oposición.
Este martes y miércoles se reunirá en Caracas una comisión ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para «acompañar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela».
AFP
