“Como consecuencia de la sentencia, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos y dominicanas, que diversas fuentes estiman en más de 200,000 personas, han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad. Estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, y viven sumidos en una condición de extrema vulnerabilidad” señala un fragmento del texto.
En cuanto al análisis general que realiza sobre los Derechos Humanos en la región, la comisión detalla que durante su visita a Dominicana el pasado mes de diciembre recibieron unas cuatro mil denuncias de personas afectadas por el dictamen del Tribunal Constitucional.
Sobre este aspecto, la Comisión asegura que cada Estado es soberano al momento de determinar los criterios básicos para que cualquier inmigrante pueda adquirir su nacionalidad, sin embargo “esta facultad está limitada por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación” como reza otra parte del informe.
La resolución de la Corte Constitucional dominicana establece que toda persona en estado migratorio irregular no podrá adquirir la nacionalidad de esa nación; situación que generó la desnacionalización de algunas personas que habían ingreso de forma irregular al país; situación que también ha afectado a sus hijos, informa telesurtv.net, en su portal.
En ese sentido, la Comisión detalla que el fallo judicial ha generado en el incremento de la discriminación en ese país “dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes”.