El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, solicitó y obtuvo prisión preventiva contra ocho imputados en cuyas tiendas fueron incautados la pasada semana miles de celulares.
La medida privativa de libertad por tres meses fue impuesta por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Ramón Emerson Morillo, José Osvaldo Reynoso Campos, Papucho Joel Andújar Mella, y Jose Miguel Arache Batista, así como contra Ney Andújar Mella, Robin De Jesus Mirelys Cruz, alias El Globo; Ramón Antonio Pinales, y un menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales.
A la procesada Nellys Patricia Andújar Mella, única mujer de grupo, les fueron impuestas como medida coercitivas una garantía económica de 1 millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, en tanto que a Juan José Acosta Peralta y Darlyn Martín Tejada Batista les impusieron presentación periódica e impedimento de salida.
Los procesados son propietarios de tiendas de celulares, mensajeros, vendedores y técnicos.
Durante el desarrollo de la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el magistrado John Henry Reynoso, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el procurador fiscal adscrito a ese organismo, Manuel Randolfo Acosta Castillo.
La pasada semana el organismo especializado de la PGR en coordinación con el Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, realizaron allanamientos en tiendas de celulares ubicadas en los sectores Villa Francisca y Capotillo, así como en la avenida Duarte del Distrito Nacional, en donde se incautaron miles de teléfonos móviles, así como computadoras, equipos especiales para desbloquear los IMEI y vehículos de motor, entre otros.
Los allanamientos se realizaron luego de labores de inteligencia realizadas en forma conjunta por parte del Ministerio Público y la PN, en las cuales se detectó una modalidad de delito que hasta el momento no se había registrado en el país, en torno a los denominados teléfonos inteligentes, de las cuales se recibieron una gran cantidad de denuncias.
Dicha modalidad consiste en la eliminación del IMEI (International Mobile Equipment Identity, traducido al español como Identidad Internacional de Equipo Móvil), el cual es un código único pre-grabado en los teléfonos móviles GSM que identifica al aparato a nivel mundial, y es transmitido a la red al conectarse a ésta, y que los imputados, alegadamente lograban vulnerar, colocándoles otro código a los equipos, lo que dificultaba la localización de los aparatos robados.
El Ministerio Público dio al caso una calificación jurídica provisional de violación a la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que tipifica y sanciona los crímenes de alteración de códigos de acceso y daño o alteración de datos en sus artículos 5 y 10, así como de transgresión al Código Penal Dominicano que castiga el crimen de complicidad en robo agravado y la asociación de malhechores en los artículos 59, 60, 61, 62, 265, 266, 379, 381, 382, 383, 384 y 385.
