SANTIAGO. Mujeres o niñas embarazadas tras una violación, con fetos inviables, o en riesgo vital por complicaciones en su embarazo no pueden abortar legalmente en Chile, un debate que la presidenta Michelle Bachelet quiere reabrir pese a la indignación de la Iglesia y la derecha.
Hace dos semanas, una joven de 17 años llegó a un hospital público de Santiago en riesgo vital por una hemorragia. Un médico llamó a la policía para notificar que la menor había abortado, un delito ante la ley chilena.
La policía registró su casa e informó que encontró su ropa interior ensangrentada. Según un informe de la Defensoría Penal Pública, afronta una pena de tres años y un día, hasta cinco años de presidio.
En los últimos años, casos como éste o el de Belén, una niña de once años que quedó embarazada por la violación de su padrastro, o de Mónica Pérez, una reconocida periodista que tuvo que seguir con un embarazo de un bebé que sabía desde el principio que no viviría, han remecido la sociedad chilena.
Bachelet, pediatra de profesión, se ha decidido a reabrir el polémico debate sobre la despenalización del aborto, un tema tabú según ella, en uno de los pocos países del mundo donde no está permitido en ninguna circunstancia.
«Chile debe enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto», anunció la mandataria en su primera cuenta pública.
La propuesta de Bachelet «se hace cargo de tres supuestos muy excepcionales que la mayoría de legislaciones a nivel internacional ya contemplan», explica a la AFP el analista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio.
El aborto es una realidad en Chile: informes del Ministerio de Salud estiman que se realizan unos 150.000 abortos al año, la mayoría clandestinos. «Cada mes tenemos tres o cuatro muertes por aborto», aseguró este miércoles Bachelet en la cadena de televisión Mega.
La mayoría de mujeres optan por unas pastillas que les provocan contracciones, y que se pueden conseguir de forma irregular fácilmente por internet.
«El Estado tiene que parar este mercado negro y debatir el aborto terapéutico, porque no queremos más casos fatales y más desinformación», aseguró en un comunicado Anita Román, presidenta de gremio de Matronas.
– Discusión para este año –
Hasta 1989 el aborto terapéutico en casos de inviabilidad del feto o de peligro de vida de la madre era permitido, pero casi en el final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue prohibido. El divorcio se aprobó en Chile recién en 2004.
La Iglesia, por décadas un potente actor en la política chilena pero que hoy está perdiendo progresivamente fieles e influencia, se indignó con las palabras de la mandataria.
El arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, aseguró que Bachelet prefería proteger la vida de los animales, en alusión a un proyecto de ley de cuidado de mascotas, frente a la vida de los fetos, afirmación que repitió más recientemente el expresidente Sebastián Piñera.
El gobierno anunció este jueves que el debate se iniciará en el segundo semestre de 2014 con el envío de un proyecto de ley «para que en el parlamento se dé una discusión y un debate nacional».
«La sociedad chilena ha evolucionado en temas valóricos (de valores). Se trata de una sociedad más educada, que maneja más información y que es más celosa de la libertad individual», afirma Bellolio.
Dos años atrás, el Congreso rechazó, con los votos de la derecha y la entonces opositora Democracia Cristiana (DC) la idea de debatirlo, una puerta que ahora se podría abrir gracias a la mayoría parlamentaria de Bachelet.
La Democracia Cristiana se abrió por primera vez a debatir sobre el aborto en casos de feto inviable o riesgo de la madre, pero podría oponerse a los casos de violación. La DC agrupa a 7 de los 21 senadores del bloque oficialista, y 20 de los 68 diputados.
En su primer gobierno, la mandataria protagonizó una férrea lucha para conseguir garantizar el acceso a la ‘píldora del día después’, que le costó impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, y que todavía hoy es difícil conseguir. Un escenario que podría repetirse con la despenalización del aborto.
