BAYAGUANA. Los descendientes de haitianos en República Dominicana no están satisfechos con una nueva ley que ha sumado elogios porque reconocerá la nacionalidad a los hijos de inmigrantes irregulares, pero dejará fuera a quienes no fueron anotados en el registro civil.
«Me alegro por un lado, pero por otro no, porque son muchos los que nunca los inscribieron en el registro, que tienen hasta 30 y 35 años. Entonces, que esos muchachos queden fuera, yo no me lo hallo bien», responde Yolanda Noel, de 28 años. Luego de ocho años de luchas legales, obtuvo su cédula como dominicana a los 26.
Esta mujer, nieta de inmigrantes y madre de cuatro niños, todavía enfrenta inconvenientes, porque la Junta Central Electoral, rectora del registro civil, quiere inscribir a su prole como hijos de extranjeros. «No se puede porque usted es haitiana», cuenta que le han dicho en la Oficialía Civil de Bayaguana.
Sin forzar mucho la memoria, Noel repasa los nombres de quienes nunca han obtenido sus documentos en el Kilombo, caserío de algunas 40 casas en las afueras de Bayaguana, 50 kilómetros al norte de Santo Domingo. Se trata de un batey, antiguo asentamiento de labriegos cañeros, donde viven haitianos y su descendencia.
La ley 169-14, sometida por el presidente Danilo Medina, ordena reconocerles a los hijos de inmigrantes indocumentados sus actas de nacimiento y cédulas de identidad como dominicanos, pero aquéllos que nunca fueron asentados en el registro civil deben someterse al plan de regularización como extranjeros.
Esta normativa busca resolver la controversia ocasionada por un fallo del Tribunal Constitucional, el 26 de septiembre de 2013, en el que determinó que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados aún cuando figuren en el registro civil y hayan nacido en el país, lo que afecta principalmente a la comunidad haitiana.
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En un documento de octubre pasado, la Junta Central Electoral (JCE) asegura que hay 24.392 hijos de inmigrantes inscritos de manera irregular y que 13.637 de ellos son hijos de haitianos. Los más de 24.000 son los que serán declarados dominicanos, como una salida para los afectados por el fallo 168-13, del Tribunal Constitucional.
Pero los no registrados pueden ser más. El censo que en 2012 realizó el Fondo de Naciones Unidas para la Población establece que en el país viven 244.151 descendientes de inmigrantes. De ese grupo, «209.912 personas son descendientes de inmigrantes haitianos».
En la lista de Yolanda Noel, el primero es su primo Wilkin Noel, quien con 26 años no tiene cédula ni acta de nacimiento. Le gusta la medicina, pero trabaja en una barbería porque no tiene acceso a un trabajo formal ni a estudios superiores. Apenas llegó hasta el segundo grado del bachillerato.
«Los que estudiaron conmigo hoy son todos profesionales, pasan por ahí en su jeepeta (todoterreno de lujo) y a veces se paran y me saludan», comenta Wilkin en perfecto español, sentado en un banco de su barrio sin calles, a orillas de la carretera.
Aunque se expresa algo esperanzado, a Wilkin le preocupa que si opta por la naturalización como extranjero tendrá que estar al menos dos años en espera, buscar evidencias de que nació en territorio dominicano y enfrentar limitaciones de derechos políticos y civiles.
«Es una ciudadanía de segunda clase, porque el naturalizado no puede ser presidente de la República ni puede optar por un cargo electivo si no transcurre un tiempo», explicó en una entrevista de televisión el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats.
En el Kilombo también viven Venise Flor y Santos Martínez, quienes procrearon cuatro hijos, de 18 a tres años de edad, que no tienen más que certificados de «nacidos vivos», expedidos en el hospital municipal. Ella tiene documentación haitiana y él, aunque nacido en el país, no tiene papeles.
Al sentirse acorralado, Santos ha pensado en sacar pasaporte haitiano, pero aunque la sentencia 138-13 dice que él y su familia son haitianos, sabe que si dice que nació en tierra dominicana no podrá conseguir la documentación en Haití, que comparte la isla con República Dominicana.
«Esta ley no me garantiza seguridad», responde por tanto Yolanda Noel, dedicada al servicio doméstico, pero experta en defender su causa y la de muchos en su condición gracias al apoyo y la orientación del Centro Bonó, un instituto social dirigido por jesuitas que defiende los derechos de los inmigrantes y sus descendientes. «La lucha debe seguir», comenta.
AFP
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