La actitud beligerante de algunos jueces, fiscales y abogados que pretenden “limitar” la presencia de cámaras y periodistas en los juicios penales que celebran los tribunales de justicia viola el artículo 49 de la Constitución, puesto que el acceso de los medios de comunicación a esos espacios es un “derecho preferente” en el ordenamiento constitucional dominicano frene al honor, la intimidad o la presunción de inocencia de los imputados y acusadores.
Al consignar el libre acceso de los informadores a las fuentes noticiosas, la Constitución ha querido asegurar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, así como ofrecer la oportunidad de ver y escuchar directamente el desarrollo de los juicios para contribuir con un mayor acercamiento de la sociedad a la justicia.
La afirmación está contenida en el libro “Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Fundamentales”, de la autoría del abogado Namphi Rodríguez, que será puesto en circulación el próximo miércoles en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con la presentación del magistrado Jottin Cury y el periodista Osvaldo Santana.
La obra hace alusión a casos controversiales recientes como el proceso llevado contra José David Figueroa Agosto, en el cual la jueza encargada de la instrucción ordenó a los informadores abandonar la sala de audiencia, y la posición de la magistrada del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, quien ha afirmado que la prensa incurre en “excesos al informar sobre casos judiciales en curso”.
Sin embargo, en su libro, Namphi Rodríguez considera que la presencia de cámaras y los periodistas en los juicios penales contribuye a que las partes y el propio juzgador sean más escrupulosos en el cumplimiento de sus funciones.
“Se trata de una dimensión colectiva, no individual, del derecho de acceso a la información judicial, que permite una mayor objetividad en los mensajes informativos al hacer al ciudadano espectador directo de un cosa controvertido”, ponderó el profesional del Derecho al hacer su ponderación.
Empero, admitió que la utilización de cámaras en juicios penales puede afectar la imagen, el honor o la intimidad de las personas, así como afectar la espontaneidad de los testigos y propiciar los denominados “juicios paralelos” a través de los reality sshow de la televisión.
“En esos cosos el juzgador tiene en sus manos un conflicto de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; de un lado, el honor y la presunción de inocencia de los imputados y acusadores, y, del otro lado, el derecho de los ciudadanos a estar correctamente informados, el juzgador tendrá que lidiar con esa dicotomía mediante un juicio de ponderación”, dijo.
Rodríguez precisó que, pese a esa realidad, no hay una clausula prohibitiva ni normativa en la Constitución, sino que lo que existe es el derecho de acceso a las fuentes noticiosas de los medios de comunicación, “que no puede ser limitada ni por el juez ni por el legislador”.
El libro aborda otros temas igualmente polémicos como el aborto y el derecho a la vida, los derechos de los consumidores y usuarios en Internet y la adhesión de la República Dominicana a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Namphi Rodríguez es abogado y periodista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, y Maestría en Ciencias Políticas, por la Unphu. Preside la Fundación Prensa y Derecho y es director ejecutivo del Centro para el Estudio del Derecho Constitucional y Administrativo (Cedeca) de la Universidad Católica Santo Domingo.
