CARACAS. La justicia venezolana decidió este jueves enjuiciar por incitar a la violencia al opositor radical Leopoldo López, quien se considera un «preso de conciencia» desde que fue detenido hace tres meses, y quien podría ser sentenciado a 10 años de prisión.
«Se ordenó el pase a juicio de Leopoldo Eduardo López Mendoza, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de este año, en el centro de Caracas», detalló un comunicado del ministerio público tras conocerse la decisión durante la madrugada.
El ministerio público acusa a López, detenido desde el pasado 18 de febrero, de ser «determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa», añadió el comunicado que detalla que se mantuvo la privación de libertad.
De ser hallado culpable, el político podría ser condenado a 10 años de prisión, según las leyes venezolanas.
La decisión se conoció tras una maratónica jornada de deliberaciones iniciada la mañana del miércoles en el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas y donde el pasado lunes inició la audiencia preliminar contra López y cuatro estudiantes, que también serán enjuiciados.
«Nuevamente no se hizo justicia. Es lamentable que el gobierno corrompa tan descaradamente la moral de sus funcionarios para encubrir la verdad!», escribió en la red social Twitter Lilian Tintori, esposa de López.
El opositor, economista de 43 años de edad egresado de Harvard y líder de Voluntad Popular, partido radical de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), es el principal promotor de la estrategia denominada «La Salida», que busca a mediante manifestaciones la renuncia del presidente Nicolás Maduro, que denunció esta movilización como «golpe de estado en desarrollo».
– «Preso de conciencia» –
El político convocó el 12 de febrero a una masiva manifestación en Caracas, que horas después de concluir se saldó con la muerte de las primeras tres personas, de las 42 que hasta ahora han dejado las protestas.
López, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, rechazó durante la audiencia preliminar haber promovido vías inconstitucionales y se describió como un «preso político, preso de conciencia».
El lunes, durante su primer comparecencia, dijo que fue detenido por haber denunciado al gobierno venezolano por «corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático» y acusó a Maduro de haber expresado públicamente desde hace más de un año su deseo de encarcelarlo.
«Estoy tranquilo, fuerte, con la verdad que nos asiste. Cualquier decisión que sea distinta a mi libertad es inconstitucional», dijo en la audiencia del miércoles, según sus abogados.
Las protestas opositoras, iniciadas a principios de febrero han disminuido en intensidad hasta volverse esporádicas y con puñados de manifestantes.
Al calor de las manifestaciones, el gobierno y la opositora MUD iniciaron el pasado 11 de abril un proceso de diálogo en el que Voluntad Popular rechazó participar por considerar que previo a una negociación debían ser liberados los detenidos en las manifestaciones.
Sin embargo, el diálogo se encuentra empantanado desde el pasado 13 de mayo, cuando la oposición decidió levantarse de la mesa tras la detención de unos 200 estudiantes, la mayoría de ellos ya liberados.
Las detenciones de López, otros opositores y estudiantes han alimentado muchas de las protestas callejeras en las principales ciudades de Venezuela, aunque han disminuido en intensidad hasta volverse espóradicas y con puñados de manifestantes.
Las protestas denuncian la inflación, que roza 60% anual, la escasez de productos básicos como papel higiénico o café, y la violencia criminal que golpea a Venezuela.
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