Microsoft se opuso a una decisión de la justicia estadounidense que le ordena entregar información almacenada en uno de sus servidores en el extranjero.
La maniobra del gigante de la informática permitirá vislumbrar el alcance de la ley estadounidense en la materia.
En una demanda judicial para bloquear la petición, Microsoft lamenta que el gobierno estadounidense utilice un mandato que se refiere a cualquier correo electrónico basado en Estados Unidos “para obtener los correos electrónicos privados de cualquier suscriptor sin importar el lugar donde se almacenan esos datos en el mundo, sin que el suscriptor o el gobierno extranjero implicado estén al tanto y den su consentimiento”.
El caso surge en medio de crecientes preocupaciones sobre los agresivos programas de vigilancia de Estados Unidos a la luz de revelaciones en documentos filtrados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden.
El abogado de Microsoft, David Howard, había dicho que la compañía se opondría a la decisión judicial que los implicaba.
“Un fiscal no puede obtener una orden estadounidense para ir a requisar la casa de alguien que vive en el extranjero. De la misma forma, un fiscal extranjero no puede obtener en su país una orden para venir a investigar en Estados Unidos”, señaló Howard en abril en una publicación en un blog especializado.
El operador Verizon apoyó a Microsoft: “Si bien Verizon atiende las solicitudes legales del gobierno cuando quiere obtener información, esta demanda extraordinaria plantea aquí serias dudas en cuanto a su legitimidad”, dijo la empresa.
Según Verizon, si la solicitud de la justicia se cumplía, ello “daría poderes extraordinarios y sin precedentes” a las autoridades estadounidenses, y esto tendría “un impacto devastador en las relaciones comerciales de las compañías estadounidenses en el extranjero”.
La justicia y las grandes agencias de inteligencia de Estados Unidos pueden solicitar a grandes grupos como Google, Microsoft o Facebook información sobre sus usuarios. Pero sus solicitudes deben tener una base legal.
AFP