Santo Domingo.El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) informa que logró fueran enviados a prisión seis imputados acusados en el año 2008 de cometer graves irregularidades en el manejo de la nómina de pensionados y jubilados civiles de la Secretaría de Estado de Finanzas al distraer más de 229 millones 474 mil pesos en perjuicio del Estado dominicano.
Las penas fueron impuestas contra el exdirector y la ex subdirectora Servio Tulio Suncar e Isabel Soto, quienes fueron sentenciados a siete años de prisión, así como contra los encargados de nómina electrónica, Ángel Castro, y de la División de Desarrollo y Sistemas del Departamento de Informática, Leonardo Rodríguez, ambos sentenciados a 5 años de reclusión.
También fueron impuestos tres años a Sandy Castro, quien se desempeñaba como pagador externo del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, al igual que a Lucrecia Figueroa, a quien les fueron depositadas altas sumas de dinero de los del fondo de pensionados en cuentas de ahorros abiertas a su nombre en el Banco de Reservas.
El Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó las condenas luego que el Ministerio Público presentara pruebas que demostraron su responsabilidad en los hechos imputados y sancionados por el Artículo 102 de la Constitución, así como los artículos 59, 60, 166, 167, 171, 172, 179, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
EL PEPCA, que dirige Laura Guerrero, dio seguimiento al caso cuyo proceso inició en el año 2008 luego de sendas auditorías, con una ardua labor investigativa, que conllevó la realización de decenas de entrevistas, interrogatorios y vasta documentación técnica y especializada, gran parte de las cuales fueron valoradas por peritos en la materia y procesadas por el órgano acusador con sumo apego a las normas vigentes, por medio de las cuales se determinó la existencia de ilícitos graves con los cuales se fundamentó la acusación en contra del grupo.
Los actos ilícitos del caso, inicialmente fueron reflejados en los informes resultantes de la auditoría realizada por la firma Viriato Sánchez & Asociados, al Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Estado de Finanzas, a requerimiento del secretario de Finanzas de entonces, Lic. Vicente Bengoa Albizu, de fecha 13 del mes de noviembre del año 2006.
Dicha auditoría puso de manifiesto que durante el período comprendido entre el mes de enero del año 2005 hasta el mes de septiembre del año 2006, se realizaron en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones de esa Secretaría múltiples maniobras dolosas en pago de las pensiones y jubilaciones, tanto en la nómina electrónica, como en la nómina física o de cheques.
Posteriormente, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizó una segunda auditoría en atención a una solicitud del Ministerio Público adscrito a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, a los fines de profundizar la investigación, establecer el monto del perjuicio y precisar responsabilidades.
Mediante la citada auditoría se determinó que, con los hechos ilícitos cometidos en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Estado de Finanzas, el Estado dominicano había sido perjudicado tanto en su patrimonio económico como en el institucional, pues se comprueba la distracción de la indicada cantidad de dinero por más de 229 millones.
