El Procurador General Adjunto, Moisés Ferrer, reveló que bajo su administración en los últimos cinco años han sido sometidas unas 16 mil personas encontrada culpable por los tribunales de la República por fraude eléctrico o robo de energía en diferentes puntos de la geografía nacional.
El funcionario dijo que de esa cantidad 20 han cumplido condenas en las principales cárceles del país que van desde tres meses, seis y cinco años, otros tienen que pagar las multas que le son impuestas por los jueces. El marco jurídico, la ley General de Electricidad en varios de sus articulados castiga drásticamente el fraude eléctrico, apuntó Ferrer.
El también miembro del Consejo del Ministerio Público expresó que los fraudes eléctricos más frecuentes se producen en los sectores de mayor poder económico y que los de menor cuantía se observa en los sectores más pobres de la capital y el interior.
Destacó que la creación de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, Moisés Ferrer, asegura que ha contribuido con el adecentamiento y el control del robo de energía, años antes era un desorden incontrolable para las instituciones que tenían a su cargo velar por el desarrollo del sector eléctrico.
El jurista habló del tema tras ofrecer una entrevista exclusiva en el programa “REPORTE” que conducen los periodistas Gilbert Guzmán y Danilsa Vargas, con la presencia del director de prensa del canal 16, Edmundo Ledesma, por SDTV canales 24 y 69 de lunes a jueves en vivo a la 5:00 PM.
Las violaciones a la ley 125 son constantes, aunque reconoce que de un tiempo relativamente corto y gracias a la labor de persecución de la oficina que dirige hay una reducción de esos actos delictivos, atribuidos al temor que tienen los ciudadanos a enfrentar la justicia.
La procuraduría especializada dijo que la clase media es el sector que más paga la energía, ahí está el profesional, médico, abogados, periodistas, entre otros
Dijo que las distribuidoras de electricidad tienen un problema de gestión no acuden a cobrar y es en ese momento que entra en juego el trabajo de persecución de la institución que encabeza Ferrer.
El procurador cree que la extensión de los contratos en el año 2002-hasta el 2016 hecha por la administración del ex presidente Hipólito Mejía frenó la solución al grave problema de los apagones y el déficit económico que presenta el país en estos momentos.
