Argentina y los fondos especulativos a los que califica de “buitres” no llegaron a un acuerdo por el litigio sobre su deuda soberana tras arduas negociaciones en Nueva York, colocando al país sudamericano en un default parcial que es rechazado por el gobierno argentino.
La agencia de calificación financiera Standard & Poor’s (S&P) declaró a Argentina en “default selectivo” al vencer el plazo final para un pago por 539 millones de dólares por bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010, dinero enviado por el gobierno argentino a Nueva York pero bloqueado por el juez federal Thomas Griesa hasta que se cumpla su sentencia a favor de los fondos.
Presente en Nueva York para las negociaciones con los fondos, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, reiteró la postura de su gobierno que niega que el país haya entrado en default: “Ese dinero está ahí, evidentemente si era un default no estaría ahí”, dijo, culpando a Griesa por una situación “inédita” y “sin precedentes”.
A diferencia del default de 2001 cuando Argentina se declaró en moratoria, en este caso son las calificadoras las que determinan una rebaja de la nota de su deuda y que el país está en default selectivo.
El incumplimiento en el pago se produjo en medio del fracaso de febriles negociaciones de último momento a través del mediador judicial Dan Pollack entre una comitiva encabezada por Kicillof y representantes de los fondos NML Capital y Aurelius, que ganaron un juicio por 1.330 millones de dólares.
“Desafortunadamente no hubo acuerdo y la República Argentina caerá de manera inminente en default”, indicó en un comunicado Pollack, nombrado por Griesa para acercar a las partes y lograr una solución negociada.
“Nos trataban de imponer algo que era ilegal, la intención era forzar una situación ilegal. Vamos a buscar una solución justa, equitativa y legal para el 100% de nuestros acreedores”, dijo de su lado Kicillof en una conferencia de prensa, anunciando su regreso a Buenos Aires.
Kicillof criticó con dureza a Griesa, acusándolo de haber dado demasiado poder a los querellantes y dejar en sus manos el pedido de una suspensión de la sentencia que hacía Argentina para poder seguir pagando a los bonistas que entraron en canjes.
“Vamos a pagarle a los que tienen bonos en default, pero bajo condiciones razonables, no bajo condiciones extorsivas, bajo presión, bajo amenaza”, señaló, agregando que Argentina defenderá los “existosos” canjes de su deuda soberana, aceptados por el 92,4% de los tenedores de los títulos con quitas de hasta 70% de las acreencias.
“La condición de los fondos buitres es que le pague más a ellos y lo haga ahora. Les dije que eso no se puede. Un acuerdo de ese tipo es fácticamente imposible”, precisó, recordando las “restricciones” legales de Argentina.
Movida de bancos argentinos
Argentina no puede pagar a los fondos especulativos el 100% de sus acreencias sin activar la cláusula “RUFO” de los acuerdos de canje de 2005 y 2010 que determina que debe equiparar los pagos a todos los acreedores.
Según Kicillof, durante las discusiones Argentina ofreció a los fondos NML Capital y Aurelius entrar en el canje en “similares condiciones de las que entraron los bonistas de 2005 y 2010?.
“Realizamos esta oferta. Lo que les ofrecimos en términos de ganancias es 300%. No fue aceptada porque quieren más y lo quieren ahora”, concluyó.
Durante las últimas horas circuló una versión de la participación de bancos privados argentinos para comprar los bonos en poder de los litigantes y recibir luego títulos nuevos en dólares del gobierno, sin intervención estatal y evitando la aplicación de la cláusula RUFO, según la prensa de Buenos Aires.
Los bancos habrían ofrecido también aportar una garantía de 250 millones de dólares como otra forma de destrabar las negociaciones.
“Los banqueros argentinos tienen en sus activos bonos del canje y otros bonos cuyo valor podría estar amenazado por una situación como ésta. Así que hay muchos terceros que podrían tener interés en remediar esta situación”, afirmó Kicillof de manera misteriosa.
Consecuencias de un default
Esta situación inédita de default declarado por una agencia de calificación financiera y negado por Argentina se produce trece años después de la catastrófica cesación de pagos de 2001, cuando el gobierno suspendió el pago de 100.000 millones de dólares, equivalentes a 166% de su PIB.
“Argentina ha estado fuera de los mercados financieros por mucho tiempo y aunque el default siempre es lamentable no creemos que tenga mayores consecuencias sustantivas fuera” del país, estimó el martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.
A pesar de que el gobierno argentino insiste en que “no pasará nada” por tratarse de situaciones diferentes, los expertos vaticinan una serie de consecuencias negativas para la alicaída economía del país, entre ellas más devaluación e inflación, marginación de los mercados de capitales y recesión si hay default.
Según Christopher Dembik, economista de Saxo Bank, habrá una “devaluación inevitable del peso”, que ya sufrió una fuerte perdida de su valor a principios de año; una recesión que podría pasar del 1 al 10% del PIB; y un aislamiento internacional de Argentina que acentuaría la falta de acceso del país a divisas extranjeras.
AFP
