Santo Domingo. Luego de casi dos décadas de lucha, para que los terrenos de Bahía de Las Águilas retornan al control del Estado dominicano el Procurador General de la República asegura que “la voluntad y el esfuerzo finalmente brindaron sus frutos”.
Domínguez Brito destacó además la sabia y oportuna decisión del presidente Danilo Medina, de permitir que este caso fuera ventilado por la justicia dominicana, el cual a juicio del Jefe del Ministerio Público, ha sido la estafa más escandalosa en materia inmobiliaria del país.
“Han sido unos 17 años de lucha en donde la perseverancia, el esfuerzo sin descanso y la voluntad, se impusieron ante choques de intereses a todos los niveles, que iban en detrimento de un patrimonio ecológico de todas y todos los dominicanos, que no podía seguir en manos de particulares; Bahía de Las Águilas es de todas y todos”, aseguró Domínguez Brito.
Tras considerar que ha sido un gran logro del sistema de justicia dominicano, el Procurador General de la República expresó que dicha victoria tiene nombres muy especiales que deben figurar de forma perenne en la historia de esa causa “por lo que hay que reconocer el coraje y la lucha constante de nuestra querida Piky Lora, para que esos terrenos pasaran a ser patrimonio del Estado dominicano; una determinación que fue traspasada a su hija Laura Acosta, razón por la cual confiamos en su capacidad y conocimiento de causa para que representara junto a nuestros fiscales, los intereses del pueblo”.
Domínguez Brito destaca también la profesionalidad y valentía con la que la jueza Alba Beard Marco asumió este caso y aseguró que “ahora lo más importante para nosotros es que esos terrenos pasen al Estado dominicano para que se implemente un plan maestro que convierta a la provincia de Pedernales en un gran polo turístico y de desarrollo como se registra en las regiones Este y Norte del país”, puntualizó luego de permanecer atento durante cuatro horas en la sala del tribunal, como lo hizo en cada una de las audiencias de este caso.
La lectura de la sentencia se efectuó en la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Tierras que preside la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, donde también estuvieron presentes el procurador general adjunto, Bolívar Sánchez, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, así como el abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya.
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