Santo Domingo. Los constantes traslados ilegales de jueces en el que, según denunció la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), incurre el Consejo del Poder Judicial, provocara un enfrentamiento entre el poder judicial y el Tribunal Constitucional.
En un comunicado, Adocco señaló que a los traslados que hace semanas llevó a cabo el Consejo del Poder Judicial de las juezas de la jurisdicción penal del Distrito Nacional, «violando la Constitución y las leyes porque no contaron con la anuencia de estas», ahora se suman el de los magistrados jueces que integran la II Sala del Tribunal Superior Administrativo que tuvieron la «responsabilidad y gallardía» de fallar a favor de Loma Miranda y contra el impuesto a las compras por internet.
En opinión de Adocco, el juez del TSA, Rafael Ciprián, ha sido «vilmente degradado» de su posición y enviado a una «especie de jueces sin rostros» denominada, Presidencia de la Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo.
A su vez, denuncian que fue trasladado el juez Federico Fernández.
Dichos movimientos, según Adocco, constituyen un «castigo» por la «valentía» con las que los mismos defendieron los intereses de la mayoría, evacuando decisiones que impusieron la protección del Estado Social y Democrático de Derecho en la república dominicana.
«El traslado ilegal promovido por los consejeros del poder judicial, de juezas y jueces, sin su anuencia, como establece el reglamento de carrera judicial, es una afrenta que atenta contra la independencia de los jueces», según la organización.
En su opinión, con esos traslados, se estaría «mandando una señal muy negativa» a los demás jueces, «quienes podrían interpretar que le saldría caro el ser independiente y fallar en contra del Estado.
