Santo Domingo. La Procuraduría General de la República embargó numerosos bienes inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que el senador Félix Bautista es accionista, y en la que también participan terceros adquirientes.
Las oposiciones inscritas a solicitud del procurador Francisco Domínguez Brito, alcanzan apartamentos, villas en Casa de Campo, casas, solares y fábricas de asfalto, como parte de una investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra del legislador.
Las acciones reales fueron trabadas en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago y Nagua. Entre los bienes se encuentran 40 edificios de ocho apartamentos cada uno, una torre de 16 niveles y otra de 14.
En total, la lista sobrepasa los 100 bienes inmuebles en distintas partes del país. Con el propósito de recuperar las propiedades, Bautista, senador por San Juan y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), interpuso por ante la Suprema Corte de Justicia (SJC) una solicitud de levantamiento de oposiciones.
En un escrito depositado por su abogado, Juan Antonio Delgado, pide a la SCJ librar acta de que el impetrante apodera a la presidencia del tribunal, a los fines de que designe, al amparo de las disposiciones establecidas en el artículo 379 del Código Procesal Penal, un juez de la Instrucción Especial.
El propósito es que conozca, como juez de control o de resolución de peticiones, sobre la solicitud de levantamiento de oposiciones trabadas -a su parecer- “de manera ilegal o inconstitucional contra numerosos inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L; en la cual el senador Félix Bautista es accionista, así como de terceros adquirientes”.
Mediante auto No.71-2014, el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, designó a Frank Soto Sánchez, como juez de la Instrucción Especial para conocer de la petición.
En marzo de este año, el también secretario de Organización del PLD intimó mediante acto de alguacil al Procurador, con el propósito de que le comunique el contenido de las pruebas que conforman el expediente sobre el cual es llevada una investigación de acción penal pública en su contra.
El legislador y su abogado, manifestaron su sorpresa por la citación de que fue objeto para ser interrogado, argumentando que son los mismos hechos relacionados con una investigación que hizo el Ministerio Público, y que culminó con el auto 03093, emitido por el director de la entonces DPCA, Hotoniel Bonilla, el 13 de agosto del 2012.
Las acciones
La Procuraduría General de la República ha mantenido acciones tendientes a que sean revocados archivos que favorecen al legislador peledeísta. Con tales propósitos, ha dirigido instancias a la Suprema Corte de Justicia pidiendo que sean anulados los actos conclusivos realizados por el entonces director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, el 13 de agosto del 2012. Los casos están pendientes en la SCJ.
Fuente Diariolibre.com
