Sicarios vinculados a la policía confesaron haber matado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos hace una semana en el sur de México, en medio de temores de que sean parte de los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas.
El fiscal de la región de Guerrero, Iñaky Blanco, señaló el domingo que dos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos -de la treintena de detenidos por este caso- “manifestaron (desde la prisión) haber participado directamente en el homicidio de estudiantes”.
Estos 43 universitarios desaparecieron hace una semana tras varios ataques conjuntos de policías del municipio de Iguala (Guerrero, sur) y presuntos miembros de Guerreros Unidos contra varios autobuses en los que iban los universitarios y en los que hubo seis muertos, tres de ellos estudiantes.
Muchos de los desaparecidos fueron vistos por última vez capturados por patrullas policiales.
Según su confesión, los pistoleros hicieron descender a tiros a los estudiantes del autobús, “procediendo a asegurar a 17, trasladándolos a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo (Iguala) donde tienen fosas clandestinas y donde indican que los ultimaron”, señaló Blanco.
Los detenidos aseguraron que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes se la dio el director de Seguridad Pública de Iguala y que la de capturarlos y asesinarlos fue de “un sujeto apodado ‘El Chucky’, integrante y líder de los Guerreros Unidos”, según el fiscal.
Tanto el director de Seguridad Pública de Iguala como el alcalde huyeron después de las balaceras y son buscados por la justicia.
Más de 20 policías de ese municipio de 140.000 habitantes fueron detenidos y señalados de trabajar para Guerreros Unidos, un grupo local surgido hacia 2010 del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Blanco no quiso hacer hipótesis sobre los motivos del crimen. “Esto es delincuencia organizada. Estamos investigando el porqué”, afirmó.
A raíz de declaraciones de los detenidos, el sábado fueron encontradas las fosas clandestinas en un área agreste de difícil acceso cercano a la comunidad de Pueblo Viejo, a unos 200 km de Ciudad de México.
De ellas se han extraído “un total de 28 cuerpos, algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación”, dijo Blanco, que detalló que los criminales prepararon una cama de troncos sobre la que quemaron los cuerpos con alguna sustancia inflamable.
Pese a las confesiones, el fiscal pidió esperar al resultado de las pruebas genéticas para confirmar si entre los 28 cuerpos hay estudiantes desaparecidos. Avanzó que los estudios se prolongarán al menos 15 días y en ellos participarán nueve especialistas argentinos.
– Angustia y furia de familiares
Angustiados y enfurecidos con el gobierno de Guerrero, los familiares de los jóvenes aguardaban este domingo el resultado de las pruebas periciales que podrían confirmar una de las peores masacres de los últimos años en el país, que cuenta más de 80.000 muertos en hechos vinculados al crimen organizado desde 2006, además de 22.000 desaparecidos.
“Estamos decididos a todo, esto es la guerra”, dijo a la AFP la madre de uno de los estudiantes desaparecidos, durante una protesta.
Alrededor de 35 familiares ya han dado muestras de ADN, señaló a la AFP Vidulfo Rosales, abogado de familiares.
Decenas de policías, militares y peritos están desplegados alrededor de las fosas, a donde no se permite llegar a los medios.
– Llamado a la calma
Este caso ha conmocionado a México y generado reclamos de la ONU al Estado mexicano para que se encuentre pronto a los jóvenes.
A su vez, centenares de compañeros de los desaparecidos mantuvieron este domingo una jornada de protestas bloqueando la autopista que conecta Chilpancingo con el turístico puerto de Acapulco.
Algunos padres de los jóvenes desaparecidos que estaban en la protesta dijeron haber visto fotos de los cadáveres hallados y niegan que sean de los estudiantes.
“No son los jóvenes y sabemos que los tienen vivos (…) Les damos (al gobierno de Guerrero) hasta el día de hoy” para que aparezcan, dijo a la AFP Manuel Martínez, vocero de los familiares y padre de uno de los estudiantes.
Guerrero es una de las regiones más pobres y azotadas por el crimen organizado de México. Además, es una zona de gran conflictividad y violencia social con presencia de pequeños grupos guerrilleros izquierdistas.
Los estudiantes pertenecen a una escuela de formación de maestros conocida por su gran activismo y por ser un foco de protestas.
El gobernador Aguirre, fuertemente cuestionado, hizo el sábado un llamamiento a la calma y a “evitar la violencia”.
AFP
