Eso está pidiendo mediante sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la República Dominicana, violar la constitución y todos los reglamentos establecidos por el gobierno que supuestamente es libre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a República Dominicana por privaciones de libertad y expulsiones sumarias de ciudadanos haitianos y dominicanos, ocurridas entre los años 1999 y 2000.
«El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños», señaló un comunicado distribuido a la prensa por la Corte, con sede en San José.
Las detenciones y expulsiones sumarias, se dieron «sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo» para garantizar los derechos de los afectados, señala la sentencia.
La Corte determinó que «para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza. Además, sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad».
Entre las afectaciones al derecho humanitario que la Corte Interamericana consideró demostradas en el proceso, está «la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad» de las víctimas.
Esto por cuanto las expulsiones de varios demandantes, hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, se efectuaron desconociendo sus documentos de identificación personal, que acreditaban su nacionalidad.
Además, el tribunal halló al estado dominicano responsable de violaciones al derecho a la libertad personal, debido a que algunos ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente con base en criterios discriminatorios.
«Las detenciones realizadas por los agentes estatales estaban direccionadas a perfiles raciales relacionados con su aparente pertenencia al grupo de personas haitianas o de ascendencia haitiana que viven en República Dominicana», agrega el comunicado.
«Además, no fueron informados de las razones específicas por las cuales fueron sujetos a deportación, de acuerdo a la normativa interna vigente y no pudieron acudir ante una autoridad judicial competente que pudiera decidir la eventual procedencia de su libertad», señalaron los jueces.
La sentencia ordena al Estado dominicano registrar y dar a los afectados documentos que acrediten su nacionalidad dominicana y tomar las medidas para que una víctima haitiana pueda residir y permanecer en forma regular en territorio de República Dominicana.
También le ordena dar capacitación continua y permanente a los miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y otros funcionarios relacionados con materia migratoria
Las autoridades deberán también adoptar las medidas legislativas, constitucionales necesarias para que haya un procedimiento sencillo para que las personas nacidas en el país puedan ser inscritas independientemente del origen de sus padres.
Al Estado haitiano le corresponde el pago de las costas del juicio y de compensaciones a las víctimas en concepto de daño material y moral.
