Las autoridades mexicanas detuvieron el lunes a dos presuntos participantes directos en la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en cuyos alrededores se encontró una nueva fosa clandestina.
Junto a estos detuvieron a otros dos, todos acusados de integrar el cartel de Guerreros Unidos que no fueron identificados, con los que suman ya 56 -entre policías locales, funcionarios y miembros del narco- las capturas por este crimen que mantiene en vilo desde hace un mes a México.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, destacó el lunes en un mensaje a los medios que se trata de detenidos clave al ser los primeros que han confesado su participación en la “desaparición y destino” de los estudiantes.
Antes del anuncio, la fiscalía localizó una nueva fosa clandestina en la localidad de Cocula, vecina de Iguala, donde trabajan peritos forenses y en la que al parecer habrían restos humanos, dijo a la AFP un funcionario federal.
En días previos, las autoridades habían hallado otros 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Los estudios realizados a 28 de los cuerpos determinaron que ninguno corresponde a los estudiantes desaparecidos.
Pero la fiscalía pidió tener en cuenta también el dictamen que preparan expertos argentinos que colaboran en la investigación por petición de las familias.
DETENCIÓN CLAVE
Al hacer un repaso del caso, el fiscal dijo que ya habían capturado a quienes confesaron su participación en el secuestro de los estudiantes. Además, agregó, “teníamos claramente identificados (a los) autores intelectuales. Hoy tenemos ya a quienes operaron la desaparición de estos jóvenes”.
Los otros dos detenidos serían “halcones” (vigilantes) de Guerreros Unidos, dijo Murillo Karam.
Los 43 alumnos de una combativa escuela rural que forma maestros en Ayotzinapa (Guerrero) desaparecieron la noche del 26 de septiembre en medio de una serie de ataques a tiros de la policía municipal de Iguala y de sicarios de Guerreros Unidos que dejaron seis muertos.
Por otras declaraciones de detenidos, la fiscalía sospecha que los jóvenes fueron entregados por policías a sicarios y que éstos los habrían asesinado y enterrado, pero ha recalcado que no dará crédito a esta versión hasta que encuentre a los jóvenes.
Murillo Karam no ofreció más detalles de los dichos de los detenidos y sólo señaló que “un grupo especial de peritos de la procuraduría (fiscalía) y del grupo (independiente) de expertos argentinos busca evidencias” para corroborarlos, aunque a la vez, por si resultan falsos, continúa la búsqueda de los jóvenes.
Sobre los motivos del ataque, la fiscalía acusa a José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala ahora revocado, de ordenar reprimir a los estudiantes porque temía que fueran a boicotear un acto público de su esposa, de quien después se supo que es hermana de narcotraficantes y es ahora acusada de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, a 200 km de Ciudad de México.
Tanto Abarca como su esposa, María de los Ángeles Pineda, huyeron de Iguala dos días después de los ataques y ahora son buscados intensamente.
PRESIDENTE PROMETE RESTABLECER SEGURIDAD
La crisis política por la desaparición de los jóvenes, que ha conmocionado dentro y fuera de México, derivó el viernes en la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fuertemente cuestionado por su falta de respuesta ante el crimen.
El nuevo gobernador interino, el académico Rogelio Ortega Martínez, fue recibido este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto en su residencia oficial capitalina.
Peña Nieto se comprometió a apoyarlo para “restablecer el orden” en esa demarcación, una de las más pobres y violentas del país.
“He instruido al gabinete de seguridad para que mañana (martes) se reúna con el gobernador en Guerrero y definan acciones para restablecer el orden y generar condiciones de seguridad” en la región, dijo Peña Nieto en mensaje a medios conjunto con Ortega Martínez.
De su lado, el gobernador interino pidió al presidente que en la investigación se acepte la asesoría de “un equipo de personalidades” de alta autoridad moral, sin citar nombres.
Desgastados por un mes de angustia, los familiares de los desaparecidos han prometido seguir con las protestas para exigir la aparición con vida de sus hijos.
AFP
