WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió hoy a la República Dominicana que acate y convierta en un «elemento clave» de su legislación la sentencia de la CorteIDH, que condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
El país rechazó esta semana cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) «por violar la soberanía de la nación dominicana», tema que se trató en la audiencia pública de la CIDH de la última jornada de su 153 periodo de sesiones, que se celebra en Washington.
Como resultado de esta ley, afirmó, 83.000 inmigrantes de más de 100 países han comenzado el proceso de regularización mediante un proceso gratuito, cuyos costes -25 millones de dólares- ha asumido el Estado.
«No es meterse en asuntos internos. Son obligaciones internacionales que la República Dominicana adquirió voluntariamente», señaló el comisionado Felipe González, en referencia a la adhesión de la República Dominicana a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El comisionado pidió al país que convierta esta sentencia en un «elemento clave» de su legislación, pues «si cada Estado interpreta los tratados internacionales como se le antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales internacionales encargados de su interpretación».
La desnacionalización desde 2013 -como fruto de una resolución constitucional- de algunas personas anteriormente consideradas como dominicanas, mayoritariamente de padres haitianos, supone «un problema de gran magnitud», advirtió González, en declaraciones a los periodistas tras la audiencia.
«No existe una situación comparable en términos de peligros de apatridia», alertó González, quien validó las cifras de la CIDH, que habla de la privación del derecho a la nacionalidad de 200.000 hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana, cifra que el Ejecutivo dominicano niega.
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Por ello, los peticionarios pidieron hoy que deje de violarse «su derecho a la nacionalidad» y que se cumpla la sentencia, que fijaba que el Estado debe «regular un procedimiento de inscripción de nacimiento» para todas las personas nacidas en su territorio, independientemente de su ascendencia.
Así, ante la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron las «ineficiencias» de la Ley 169-14, que fija un reglamento para que las personas nacidas en el país de padres extranjeros, que no tienen documentación, puedan obtener un documento que acredite su identidad y eventualmente la nacionalidad dominicana por naturalización.
«Esta solución no nos satisface», afirmó uno de los peticionarios, Natanael Santana (CEDAIL RD), quien criticó que la ley divida «en categorías» a los nacidos en República Dominicana y obligue a una parte de la población a decir que es extranjera para poder, posteriormente, adquirir la nacionalidad.
«El Estado sigue empecinado en entender que los dominicanos de ascendencia haitiana que han nacido en territorio de la República Dominicana son extranjeros. Lo que pedimos es que se reconozca el derecho de los dominicanos por haber nacido en el territorio y no por venir de padres haitianos», dijo Santana.
Ante estas acusaciones, la ministra consejera de la Misión de República Dominicana ante la OEA, Ellen Martínez, consideró que «un mito» rodea al país, que es «injustamente señalado».
«Hoy nos enorgullece decir que hemos creado sociedad inclusiva», afirmó Martínez, quien consideró la ley 169-14 como una muestra del «trabajo sin descanso del Gobierno para solucionar los problemas de registro y control migratorio de ciudadanos extranjeros».
Como resultado de esta ley, afirmó, 83.000 inmigrantes de más de 100 países han comenzado el proceso de regularización mediante un proceso gratuito, cuyos costes -25 millones de dólares- ha asumido el Estado.
«En menos de un año -subrayó martínez-, la República dominicana ha avanzado sustancialmente en materia de regularización y naturalización. Lo ha hecho más de lo que hacen países en décadas, y eso solo ha sido posible por voluntad política del presidente, Danilo Medina».
La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, valoró la intervención de Martínez, pero consideró que el Estado tenía una «excelente oportunidad» de responder a algunas preguntas.
«¿Cómo el Estado dominicano interpreta sus obligaciones dentro de la Corte Iberoamericana «vis a vis» (frente) a la Constitución dominicana, que se compromete a reconocer y aplicar las normas de derecho internacional?», preguntó la comisionada Rosa María Ortiz.
Martínez aseguró que estas cuestiones serán trasladadas a las autoridades dominicanas para que respondan por escrito.
La sentencia debe de cumplirse en un plazo de seis meses, según fijó la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica y cuyos fallos son de acatamiento obligatorio.
EFE
