Santo Domingo, República Dominicana. La Procuraduría General de la República recusó al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, quien ventila una solicitud de desbloqueo de una serie de bienes inmuebles de la empresa Inmobiliaria Rofi S.R.L, cuyo accionista principal es el senador Félix Bautista.
La impugnación originó que el magistrado suspendiera el conocimiento del proceso, y ordenara su envío al presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, a los fines de que apodere al Pleno del alto tribunal del conocimiento del caso.
Informa el periódico Diario Libre que la recusación fue planteada por el procurador General adjunto, Carlos Castillo Díaz, quien consideró que en una de las resoluciones donde el juez Soto Sánchez declara su competencia para conocer la solicitud de levantamiento prejuzgó el fondo del proceso.
“El juez ha prejuzgado en el fondo de la solicitud, estableciendo en su decisión que el Ministerio Público adoptó una medida cautelar que afecta derechos fundamentales al momento de solicitar de que inscribieran notas de advertencia a los terceros”.
Inicialmente, el representante del MP le solicitó al magistrado su inhibición del caso.
Soto Sánchez rechazó el planeamiento, afirmando que el juez se inhibe si su parcialidad está comprometida, y que en su caso nunca ha compartido con Bautista ni su familia, con el cual nunca se ha reunido, ni tampoco le une ningún parentesco.
También la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, consideró que las notas de advertencias son muy distintas a una medida cautelar.
Inicialmente, la Procuraduría planteó un conflicto de competencia, porque está apoderado el magistrado Soto Sánchez, por un lado, de una petición de levantamiento, y una petición de que las notas de advertencias se conviertan en medida cautelar.
La incompetencia del magistrado fue planteada con el propósito de que las notas de advertencias colocadas ante la Jurisdicción Inmobiliaria sean convertidas en embargos, a los fines de que los bienes inmuebles no sean transferidos a terceros. El MP alegó que de esa instancia fue apoderado el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía.
El juez rechazó esa petición, por considerar que el MP no aportó nuevas pruebas que demuestren que haya conflicto de competencia.
El abogado de la defensa, Juan Antonio Delgado, afirmó que el MP en el proceso ha escogido un camino mediático, y de tratar de condenar y lapidar a Bautista por los medios de comunicación, e intimar a la justicia, “utilizando maniobras inconfesables”.
