Sevilla, España. La tonadillera española Isabel Pantoja ingresó este viernes en una prisión de Sevilla para cumplir dos años de condena por haber blanqueado dinero procedente de una trama de corrupción en la turística ciudad de Marbella, en el sur de España.
Ametrallada por los fotógrafos, la popular artista de 58 años, personaje habitual de la prensa rosa del país, entró a primera hora de la mañana en un coche oscuro a la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, al este de Sevilla.
Condenada en abril de 2013 a dos años de prisión y una multa de 1,15 millones de euros por «blanqueo continuado» de capitales, la tonadillera interpuso todos los recursos posibles para evitar su encarcelación, aunque fueron rechazados.
Pantoja fue sentenciada junto a su excompañero sentimental, Julián Muñoz, alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003, condenado a siete años de prisión por haberse enriquecido de manera irregular al frente de esta localidad costera muy apreciada por ricos y famosos y marcada por numerosos escándalos de corrupción.
Según el juez, la tonadillera blanqueó continuadamente el capital obtenido irregularmente por su expareja conociendo su «origen ilícito».
La investigación que condujo a la sentencia de Pantoja nació del denominado «caso Malaya» —el mayor escándalo de corrupción urbanística conocido en España— en el ayuntamiento marbellí en 2006, que terminó con 50 políticos y empresarios condenados a penas de cárcel y multas millonarias.
El ingreso en prisión de «la Pantoja» es uno de los más sonados de los últimos años en un país atizado por los escándalos de presunta corrupción y donde aumenta la sensación de impunidad que tienen su protagonistas, entre los que se encuentran altos cargos políticos e incluso la hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón.
Esta semana también se produjo la encarcelación en un centro cercano a Barcelona del que fuera presidente del FC Barcelona durante 22 años (1978-2000), el constructor Josep Lluís Núñez, de 83 años, condenado a dos años y dos meses de prisión por haber sobornado inspectores de Hacienda.
Los hechos delictivos se descubrieron en 1999 pero la condena no se produjo hasta 2011. Inicialmente, la pena era de seis años de prisión pero finalmente fue reducida tras un recurso el pasado enero.
