Danilo Medina propone despenalizar aborto en casos excepcionales


Santo Domingo, República Dominicana. El presidente dominicano, Danilo Medina, sugirió despenalizar el aborto en casos excepcionales en una misiva publicada este fin de semana que fue enviada al Congreso, al que devolvió sin promulgar una ley que penaba con dos a tres años de prisión a quienes abortaran.

Danilo Medina

Medina rechazó la normativa que modificaba el Código Penal por considerar que la sanción del aborto en toda circunstancia atenta contra la vida y dignidad de la mujer, en consonancia con las protestas de grupos feministas y de la sociedad civil.

En su carta al Congreso, Medina sugirió despenalizar la interrupción del embarazo en tres circunstancias: “cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.

El mandatario, que podía promulgar esta reforma al Código Penal o devolverla con observaciones, satisfizo así el reclamo de sectores que hasta marcharon hasta el Palacio Nacional demandando la observación de esta ley.

Tras 14 años de debates, el Congreso aprobó elevar de 30 a 40 años de cárcel la pena máxima, tipificar el feminicidio íntimo y crímenes de gran impacto en la actualidad, como el sicariato, además de castigar con dos a tres años de prisión a la mujer que se practique el aborto y el personal que la asista.

Medina elogió estos ajustes, excepto en lo relativo a la interrupción del embarazo, por lo que sugirió rectificar al respecto, para equiparar la legislación con la de la mayoría de los países del mundo.

Dirigiéndose al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, Medina sostuvo que debe prevalecer el derecho a la vida y la dignidad de las mujeres “resguardándose al mismo tiempo también la seguridad jurídica de quienes tienen la obligación de brindar asistencia médica” en esos casos.

Desde 2010, cuando en la nueva Constitución quedó consignado que se reconoce y se respeta la vida desde la concepción, organizaciones feministas y liberales, en enfrentamiento abierto con la Iglesia Católica, exigen establecer por ley las tres excepciones citadas.

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