SANTO DOMINGO. La Dirección General de Aduanas (DGA) estaría estableciendo trabas a las operaciones de las empresas couriers con la retención de paquetes ante la exigencia de facturas a los clientes y la supuesta consolidación de pedidos para que excedan el costo de los 200 dólares.
Estas denuncias están contenidas en un mensaje que desde la semana pasada circula vía correo electrónico, desde la cuenta “abusoaduanal@hotmail.com”.
De acuerdo con el texto remitido, desde hace casi dos meses la DGA “decidió unilateralmente proceder a la revisión del 100% de cada uno de los paquetes traídos al país por las empresas couriers, en lo que llamaron un proceso de auditoría”.
Apunta el mensaje, que en este proceso de auditoría se exigían las facturas de cada uno de los paquetes que llegaban al país y que los que no entraban con este documento endosado “eran retenidos en la DGA en el Aeropuerto Internacional de Las Américas”.
Ante esta situación, apunta el documento, “los couriers procedieron a establecer procedimientos con los suplidores de servicio internacional de empaque para que si en la revisión los paquetes no traían las facturas, procedieran a retenerlos hasta recibir las facturas e introducirlas dentro de los paquetes luego de imprimirlas, cumpliendo así con el nuevo y arbitrario requerimiento de la DGA”.
No obstante a esto, se denuncia que “la DGA comienza el sistema de verificación a las 3:30 de la tarde, provocando que la mercancía salga del aeropuerto a veces hasta las ocho de la noche, retrasando así la entrega”.
A esto se suma la supuesta consolidación de paquetes de un solo cliente, con el propósito -según la denuncia- de que exceda el valor de US$200 para cobrar impuestos sobre esta mercancía, informa Diario Libre en su portal.
“Esta es otra violación al DR-Cafta”, se indica.
DL trató de contactar -sin éxito- a representantes de la Asociación Dominicana de Empresas Courier (Asodec), con el fin de confirmar las bases de esta denuncia.
Decisión TSA
El pasado agosto la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó a la Dirección General de Aduanas (DGA) abstenerse de ejecutar la resolución que ordena el pago de derechos e impuestos aduaneros de mercancías importadas menores de US$200. En esa ocasión, los jueces declararon que se habían vulnerado los derechos fundamentales relativos al debido proceso administrativo que implica la sujeción de la Administración Pública, al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundarse en el respeto irrestricto a la legalidad.
