Alberto Nisman, el fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Kirchner de “fabricar la inocencia” de Irán en la causa por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, fue hallado muerto en su apartamento de la capital argentina.
“El fiscal Nisman ha fallecido. No podemos adelantar pronóstico de la causa de muerte”, declaró la madrugada del lunes la fiscal Viviana Fein a los medios apostados frente al lujoso edificio del fiscal, en el barrio de Puerto Madero de Buenos Aires.
“Puedo confirmar que fue hallada un arma calibre 22. (La muerte) fue por un disparo de arma de fuego”, agregó.
Fein confirmó que el fiscal fue hallado por su madre, tras ser contactada por los custodios personales del fiscal -10 agentes de la policía en total- quienes alertaron a la familia ante su falta de respuesta a los insistentes llamados telefónicos el domingo.
El fiscal Nisman, de 51 años, iba a presentarse este lunes en el Congreso para dar detalles de su dura denuncia contra la presidenta Kirchner y su canciller Héctor Timerman, a quienes acusó el miércoles pasado de “encubrir” a Irán por su supuesta implicación en el atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.
El gobierno rechazó la denuncia del fiscal, lo calificó de mentiroso y atribuyó la actuación de Nisman a una operación de los servicios de inteligencia.
El cuerpo del fiscal fue trasladado a la morgue para establecer las causas de su muerte.
Nisman había sido designado en 2004 por Néstor Kirchner como fiscal especial para la causa AMIA, un año después de que un juicio fuera anulado por irregularidades en la investigación.
La denuncia
En un informe de 300 páginas, Nisman pidió que se investigara a Kirchner, que supuestamente habría favorecido la firma en 2013 de un Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán para poder interrogar a los acusados en un tercer país y avanzar en una causa estancada desde hace 20 años.
La acusación de Nisman fue el último de una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios con la justicia argentina sobre el esclarecimiento de este atentado.
Además de la indagatoria, Nisman había pedido un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) de Kirchner, de Timerman y otros funcionarios.
La denuncia fue recibida con cautela por grupos de la comunidad judía, aunque a lo largo de la semana pidieron que se hicieran públicas las pruebas que tenía Nisman.
Según el fiscal, la posición del gobierno de Kirchner obedecía a su interés “por el petróleo iraní” porque “se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado”.
“Afrenta a la institucionalidad”
La diputada opositora Patricia Bullrich dijo estar consternada con la muerte del fiscal y afirmó que este suceso “era una grave afrenta a la institucionalidad del país”.
“Un fiscal muerto antes de dar un informe al Congreso en una causa donde hay terrorismo internacional me parece de una enorme gravedad”, agregó Bullrich.
La diputada dijo que el sábado habló con Nisman por teléfono en tres ocasiones y le mencionó que había recibido varias amenazas.
“Dijo que se sentía tranquilo y así contó que se lo explicó a su hija de 15 años”, dijo la diputada en declaraciones al canal C5N.
Para la audiencia de este lunes el fiscal solicitaba que su comparecencia fuese en privado, pero parlamentarios oficialistas exigían que fuera pública y transmitida por televisión.
Acusación “vil” según el gobierno
El gobierno argentino rechazó la que calificó de “vil” denuncia del fiscal.
“Luego de años de contar con el respaldo político del [expresidente] Néstor Kirchner y la actual presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista”, señaló en una declaración el jueves Timerman.
La firma de un memorándum de entendimiento con Irán —denunciado como “inconstitucional” por la AMIA y otras organizaciones judías— tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, integrada por unos 300.000 miembros, la mayor de América Latina.
El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.
Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de “encubrimiento agravado” de la llamada “conexión local”, que dio la logística para perpetrar el atentado.
AFP
