Amnistía Internacional ejerce presión al plan de regularización de extranjeros en RD

Decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana, la gran mayoría de ascendencia haitiana, estarán en peligro de expulsión cuando, el 1 de febrero, expire el plazo para presentar su petición de residencia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“Cuando, al dar la medianoche, expire el plazo, las esperanzas de decenas de miles de personas vulnerables se hundirán. Miles de personas correrán peligro de ser expulsadas del país”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Incluso aunque estas personas puedan permanecer en la República Dominicana una vez vencido el plazo, su futuro será terriblemente incierto. Aunque los términos ‘residente’ y ‘apátrida’ pueden parecer burocráticos, lo cierto es que el contar con la ciudadanía legal puede ser esencial para tener acceso a la educación, la atención médica y el trabajo, entre otros derechos fundamentales.”

La Ley 169/14, introducida en mayo de 2014, establece que las personas nacidas de padres extranjeros indocumentados, cuyo nacimiento no se declaró en la República Dominicana, deben inscribirse en un programa especial para obtener un permiso de residencia que más tarde necesitarán para reclamar la ciudadanía del país. Sin embargo, el plazo para inscribirse termina el domingo 1 de febrero, y no se ha ampliado. Eso significa que las personas que no estén ya inscritas en el sistema perderán la posibilidad de recibir alguna vez la ciudadanía dominicana.

Tan sólo un pequeño porcentaje de las personas que, en virtud de la ley, tienen derecho a inscribirse han podido iniciar el proceso antes de que expire el plazo. El ministro del Interior declaró que, hasta el 9 de enero, 5.345 personas se habían inscrito en el programa de regularización establecido por la Ley 169/14. Esta cifra representa menos del 5 por ciento de las 110.000 personas que, según se estima, tienen derecho a hacerlo.

La Ley se introdujo tras la condena generalizada de la decisión del Tribunal Constitucional dominicano de privar retroactivamente de la nacionalidad dominicana a miles de personas de ascendencia extranjera, y convertirlas así en apátridas. La nueva ley obligaba a estas personas a inscribirse como extranjeras y volver a solicitar, partiendo de cero, la ciudadanía dominicana.

“Ya es hora de poner fin a esta crisis. La simple realidad es que, cuando nació la inmensa mayoría de estas personas, la ley dominicana entonces vigente las reconocía como ciudadanas. El privarles de ese derecho, y crear a continuación unos obstáculos administrativos insalvables para poder quedarse en el país, constituye una violación de sus derechos humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Ya se ha informado sobre algunas expulsiones. El 27 de enero, 51 personas, entre ellas 30 niños nacidos en la República Dominicana, algunas de sus madres y otros 14 adultos, fueron expulsadas sin el proceso debido a Haití desde la República Dominicana.

La Ley 169/14 crea dos categorías de personas: las que, en algún momento, se inscribieron en el registro civil dominicano, y aquellas cuyo nacimiento no se declaró.

Incluso la mayoría de las pertenecientes al primer grupo, a las que debería habérseles devuelto su nacionalidad dominicana en un procedimiento rápido, llevan meses esperando, y a día de hoy muchas siguen siendo de hecho apátridas.

Juan Alberto Antuan Vill es un joven de ascendencia haitiana nacido en la República Dominicana e inscrito en el registro civil dominicano en el momento de su nacimiento. Las autoridades dominicanas llevan años negándole sus documentos de identidad. Dijo a Amnistía Internacional:

“Estamos preocupadísimos, porque las autoridades siguen negando la existencia de la apatridia, pero es nuestra realidad. No nos fiamos de todo este proceso, a causa de la gente que lo dirige. En este país existe discriminación: no puedo trabajar y no puedo acceder a servicios esenciales.”*[esta cita la he traducido, pero es posible que el original sea español; no sé si se puede pedir, o si conviene pedirla, o si se va a conseguir algo pidiéndola]

“La República Dominicana lleva demasiado tiempo pisoteando los derechos de las personas de ascendencia haitiana en el país. Esta injusticia ya ha durado bastante; el gobierno debe tomar ya medidas urgentes para restaurar plenamente la nacionalidad dominicana a las miles de personas vulnerables que han nacido, vivido y trabajado en el país durante decenios”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Información adicional:

La Ley 169/14 ya ha sido objeto de intensas críticas anteriormente. En octubre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la Ley violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las autoridades dominicanas rechazaron de inmediato la resolución de la Corte y se negaron a cumplirla. También han manifestado reiteradamente que nadie ha quedado en situación de apatridia.

En la República Dominicana viven cientos de miles de descendientes de migrantes haitianos. En muchos casos, a sus familiares se les animó activamente a acudir a la República Dominicana desde la década de 1940, mediante acuerdos bilaterales establecidos por los dos gobiernos para reubicar una mano de obra barata que trabajara en las plantaciones de caña de azúcar.

Durante decenios, el Estado dominicano reconoció formalmente como ciudadanos dominicanos a los hijos de migrantes haitianos nacidos en el país, y les emitió certificados de nacimiento dominicanos, documentos de identidad y pasaportes, independientemente de la condición de inmigrantes de sus padres.