Más del 50% de los trabajadores privados reciben sueldos inferiores a 9mil pesos

Las propuestas que han sido hechas por el sector gran-empresariado para supuestamente “reformar” el Código de Trabajo y, con ello, favorecer el aumento del empleo formal, carecen de fundamento en el sentido de que el empleo formal en República Dominicana está prácticamente estancado y no significa prosperidad ni bienestar duradero.

Así lo revela el estudio «Ser justos es lo primero… La crisis de los trabajadores dominicanos bajo el actual modelo económico y los desafíos de una reforma al Código de Trabajo para más justicia y prosperidad», realizado por la Fundación Juan Bosch y la Fundación SOL, entidad chilena dedicada a los estudios y la reflexión sobre la situación del trabajo.

El informe señala que el alargamiento de la jornada laboral, el establecimiento y aumento de la duración del empleo de aprendizaje, entre otras propuestas que incluyen prohibir el uso de teléfonos celulares y redes sociales digitales, no tienen relación científicamente verificable con los obstáculos principales que tiene el crecimiento y dignificación del empleo formal en el país.

«A nuestro juicio, esas propuestas a lo único que apuntan es a destruir o disminuir las escasas ventajas que aún tiene un segmento de los trabajadores cada vez más pequeño, en particular cuando nos referimos al auxilio de cesantía. La “flexibilización” del código laboral a través de esta reforma tendría como efecto desposeer a los trabajadores de los pocos derechos que tienen con el actual Código», sostiene.

La investigación también cuestiona el modelo productivo, el crecimiento económico y los bajos beneficios que obtienen los trabajadores de ellos. En este sentido, señala que pese a que la economía ha crecido en promedio un 6% en los últimos 8 años, la “formalización precarizante” ha generado un deterioro del 27% en el ingreso real de los asalariados para los últimos 10 años.

Así mismo, la participación de la remuneración de los trabajadores en el PIB nacional bajó de un 47.2% para el año 2000, a tan sólo un 24.3% en el 2013, es decir, de cada 100 pesos generados por la economía, sólo 24 se usaban parar remunerar a los obreros y empleados.

«Sólo una ínfima parte de los actores de la actividad económica ha podido disfrutar de los frutos del trabajo, mientras que la mayoría de los trabajadores no pueden obtener un salario digno que les permita acceder a oportunidades de movilidad social», señalan.

Al respecto, destacan que la precariedad de los ingresos es notoria. Solo el 5% de los trabajadores gana salarios por sobre los RD$40,000. Y un 80% de los trabajadores obtiene ingresos por debajo de los RD$20,000. El 50% de los ocupados recibe ingresos inferiores a los RD$9,000 mensuales. En el 78% de los ocupados, no existe mucha desigualdad en tanto que la normalidad son los ingresos bajos (inferiores a RD$16,703); la mayoría la pasa muy mal, mientras les dicen que la economía “crece” y va “bien”.

«El 63.1% de los ocupados recibe en un ingreso mensual inferior a una canasta familiar del 1er quintil de ingresos (con menores ingresos). Por su parte, sólo un 3.38% de los ocupados puede costear cuatro canastas mínimas o más con su ingreso mensual. En relación a la pobreza, de 17 países de la Región, República Dominicana tuvo el peor desempeño en reducción de pobreza vía salarios mínimos reales».

El estudio abarcó también el aspecto de la informalidad y apunta que el sector privado alega que agregando “libertad” al mercado de trabajo, se generarían más puestos de trabajo y por tanto aumentaría la formalidad, como si ésta fuera una solución para obtener oportunidades de movilidad social por medio de un salario digno.

Indica que tampoco es válido el argumento de que el Código actual genera “sobrecostos excesivos” y “costo laboral”, para empresas que se ven impedidas de contratar o se ven obligadas a despedir empleados, cuando en verdad la mayoría del país carga con un elevado “costo patronal” traducido en altas ganancias, pobres salarios, destrucción del empleo, concentración de mercados y créditos e inequidad en la carga tributaria que pesa sobre la mayoría de los trabajadores y pequeños productores.

Al presentar el informe, la Fundación Juan Bosch y la Fundación SOL criticaron el modelo económico que se ha impuesto en el tiempo y manifestaron que su aparato jurídico es insostenible e injusto no sólo con la inmensa mayoría de los trabajadores, sino también con la inmensa mayoría de los productores, ya que atenta contra el país.

En ese sentido, estimaron imperioso que todo el país se involucre en la discusión de las reformas al Código de Trabajo, porque ningún código ni aparato legal puede ser beneficioso para la sociedad si no se convierte en un movimiento por más conquistas sociales.

«Es necesario que la discusión del Código de Trabajo se haga en espacios transparentes y con verdadera representatividad, proporcional en el sentido de que mientras la minoría (el gran capital) está archi-organizado y representado, los trabajadores están cada vez más desarticulados», aseveraron las fundaciones en un comunicado.

En ese orden, destacaron que se necesita reformar el sentido y funcionamiento del Comité Nacional de Salarios, porque su ejercicio no sintoniza con la realidad de la mayoría de los ciudadanos. Además, hay que fortalecer los sindicatos.

Agregaron que hay que garantizar salarios verdaderamente dignos y una participación realmente justa y efectiva en las ganancias de las empresas.

«Las reformas que se introduzcan deben apuntar no sólo a salvaguardar las contadas garantías ya existentes en el Código de 1992, sino a lograr superarlas y conseguir una ley laboral que sea el fruto de un proceso democrático, en verdad representativo de las necesidades, los intereses y la realidad de la mayoría de los trabajadores en cuanto a salarios, participación en las ganancias de las empresas, auxilio de desempleo y despido, jornada laboral y, muy importante, la sindicalización, que ha sido sometida a una política de desmonte sistemática y brutal», apuntaron.

Finalmente, indicaron que es imprescindible para la viabilidad del país y la sociedad dominicana rescatar el espíritu de justicia que encarnó el proyecto trinitario de la Independencia y el sentido del proyecto democrático de 1963 y 1965, en cuanto a que sea el trabajo y no la ganancia del gran-capital el fundamento de la Nación, el eje de todas las políticas públicas y de las normas de convivencia en materia económica y social.