Buenos Aires, 13 feb (EFE).- El fiscal Gerardo Pollicita solicitó hoy la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández, y otros funcionarios a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, una decisión que fue aplaudida por la oposición y sobre la que el Gobierno no se pronunció hasta ahora.
Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas por encubrimiento y, en el caso de los funcionarios, por posible incumplimiento de los deberes que les corresponden.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.
Tras la presentación de Pollicita, el juez Daniel Rafecas, canceló sus vacaciones y reasumirá sus funciones el próximo miércoles 18, cuatro días antes de lo previsto, según difundió hoy el Centro de Información Judicial (CIJ).
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de «encubrimiento por favorecimiento personal agravado», según la presentación difundida hoy en la página web de la Fiscalía argentina.
Además, el fiscal también considera que las acciones del Gobierno «podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
El pedido de imputación también alcanza al diputado kirchnerista Andrés Larroque, al militante oficialista Luis D’Elia, al dirigente islámico Jorge «Yussuf» Khalil, al militante Fernando Esteche, al exfiscal Héctor Luis Yrimia y a un supuesto espía identificado como Héctor Bogado.
En la denuncia de Nisman, el memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 aparece como el principal instrumento de un supuesto acuerdo para eliminar las circulares rojas emitidas por Interpol contra los sospechosos iraníes a cambio de que Argentina pudiera comprar petróleo a Irán.
Según la solicitud ante el juez Rafecas, «para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero -en los hechos- se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias» a ese acuerdo.
«Se articularon puestas en escena para mostrar falsos avances diplomáticos ante la sociedad argentina», añade la presentación del fiscal.
Desde que Nisman hizo pública su denuncia, el Gobierno argentino ha argumentado que los supuestos beneficios derivados del presunto encubrimiento nunca se concretaron.
Además, hoy presentó ante la Justicia documentos «jurídicamente relevantes» para rebatir la denuncia presentada por Nisman, como documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición e información de la Secretaría de Inteligencia, entre otros.
Antes del pedido de imputación, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que de producirse sería una estrategia de «golpismo judicial activo» para desestabilizar al Gobierno.
El fiscal remarca en su dictamen que «corresponde dar inicio a una investigación» que permita dilucidar si, efectivamente, los delitos denunciados ocurrieron y «resulta indiferente que se logre o no el fin buscado por quien presta la ayuda».
La oposición argentina celebró la apertura de una investigación contra Fernández.
«Estamos en los primeros pasos, pero el hecho de que Pollicita haya decidido abrir el procedimiento judicial es porque analizó que la causa tenía suficientes elementos para arrancar», dijo a Efe la diputada Patricia Bullrich, de Propuesta Republicana (Pro).
«Creemos que el memorándum con Irán fue la punta de un iceberg de negociaciones secretas y oscuras», agregó.
Para el diputado radical Julio Cobos, la noticia «confirma la gravedad institucional» que atraviesa Argentina, al contar con «la presidenta de la Nación imputada y el vicepresidente (Amado Boudou) procesado».
En tanto, la Fiscalía general anunció hoy el grupo de fiscales que reemplazará a Nisman al frente de la unidad de investigación especial para la causa por el atentado contra la AMIA.
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, informó en una rueda de prensa que los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini reemplazarán a Nisman. EFE
