AFP 
El presidente Barack Obama escaló este lunes el tono contra Venezuela, implementando anunciadas sanciones contra funcionarios de Caracas y denunciando que la situación en el país suramericano representa una «amenaza a la seguridad nacional» de Estados Unidos.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro respondió agriamente llamando «a consulta» a su principal representante en Washington, el encargado de negocios Maximilien Arveláiz.
Obama prohibió la entrada a Estados Unidos y decretó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de siete funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales, incluyendo el jefe de inteligencia Gustavo González.
Pero las acciones no tendrán ningún «efecto directo» sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, dijo un alto funcionario estadounidense, bajo anonimato.
La lista, que también incluye a Katherine Haringhton, una fiscal que ha acusado a dirigentes opositores, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, son solo una «primera porción» de los funcionarios que se verán afectados por el decreto, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
«Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores», señaló la Casa Blanca.
Con estas acciones, Obama está implementando las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, aunque reticente a una confrontación diplomática con Caracas, sancionó en diciembre.
Pero esas dudas parecen haber quedado atrás con el tono agresivo de Obama en el decreto de este lunes, en el que el presidente calificó la situación venezolana como «una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos» y declaró «una emergencia nacional» para enfrentarla.
Desde el punto de vista legal «a Obama no le quedaba más remedio que hacer uso de este lenguaje», señaló Javier Corrales, profesor de Amherst College, en referencia a las disposiciones de la legislación firmada por el mandatario.
Pero es una declaración «riesgosa» que ayuda al gobierno venezolano a repetir sus acusaciones de que la crisis económica que enfrenta -escasez crónica y la mayor inflación de América Latina- es «producto del imperialismo» estadounidense, dijo Corrales a la AFP.
– Cuba y Unasur –
«Lo nuevo es el lenguaje, no en realidad las sanciones», dijo a la AFP Erick Langer, del Center for Latin American Studies de Georgetown.
Estados Unidos puede actuar «de una forma que antes no podía porque ya han cuidado sus espaldas con Cuba, que ya no va a decir nada», recalcó el experto, en referencia al acercamiento entre Washington y La Habana, aliada de Caracas.
Para Corrales «lo que ha pasado es que la presión del Congreso aumentó, la crisis en Venezuela empeoró, y Unasur demostró ser inefectiva».
Un año después de impulsar unas infructuosas conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, el organismo regional declaró reabierto el diálogo el sábado tras una visita a Caracas, frente a las dudas de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los funcionarios sancionados son señalados de haber participado en la represión contra manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014 en Venezuela, así como en actos de corrupción, ataques a la libertad de expresión y «la persecución de oponentes políticos», dijo la Casa Blanca.
Las organizaciones de venezolanos en Miami (sureste) saludaron el anuncio, pero pidieron a Washington ampliar la lista para incluir a otros miembros del gobierno de Maduro.
– Deterioro de lazos –
Las medidas se inscriben en el rápido deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y han protagonizado sonados enfrentamientos diplomáticos desde la llegada al poder del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).
El Departamento de Estado restringió en febrero las visas de una cincuentena de funcionarios venezolanos, y Maduro respondió a fines de ese mes exigiendo la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su embajada en Caracas e implementando visas para turistas.
Maduro, que propugna el «socialismo del siglo XXI» implementado por Chávez, acusa a Estados Unidos -principal comprador de petróleo venezolano- de involucrarse en supuestas conspiraciones y planes golpistas y magnicidas contra su gobierno.
En los últimos días, el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue detenido y acusado, por órdenes de Haringhton, de promover un golpe de Estado.
Al respecto, Washington reiteró este lunes el llamado a Maduro de liberar a Ledezma y otros políticos opositores, señalando que «los problemas de Venezuela no se resuelven a través de la criminalización del disenso».
Ensegundos.do 
Bueno, los gringos como que quieren echarle mano a ese petroleo.