El gobierno de Estados Unidos no promueve la inestabilidad en Venezuela, pero las sanciones anunciadas el lunes se proponen «persuadir» a Caracas a que «cambie de comportamiento», aseguró este martes una vocero del Departamento de Estado.
«A pesar de declaraciones en sentido contrario por parte de funcionarios venezolanos, no estamos promoviendo inestabilidad en Venezuela», dijo la portavoz, Jen Psaki, quien calificó de «falsa» la versión de que Washington se propone «socavar» al gobierno de Nicolás Maduro.
La Casa Blanca decretó el lunes un paquete de sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano, en aplicación de una ley aprobada por el Congreso el año pasado.
Según Psaki, «el objetivo de las sanciones es persuadir al gobierno de Venezuela de que cambie de comportamiento», en medio de denuncias sobre violaciones de derechos humanos y persecución de opositores venezolanos.
La portavoz de la cancillería estadounidense aseguró que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca se restringen a «corruptos y personas que cometieron abusos de derechos humanos», pero no se proponen afectar «la economía de Venezuela».
«Hay razones específicas de por qué esas personas fueron sancionadas», dijo.
El texto de la declaración, firmada por el presidente Barack Obama, elevó considerablemente el tono en las tensiones entre Washington y Caracas.
En ese texto, Obama definió la situación en Venezuela como «una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos» y declaró «una emergencia nacional» para enfrentarla.
Pero Psaki acotó que la cuestión fue anunciada mediante una declaración de «emergencia nacional» porque se trata de una denominación requerida por la burocracia.
«Es importante que todos entiendan que ésta es la forma en que describimos el proceso para aplicar sanciones», dijo.
Las sanciones afectan al exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, el director del servicio de inteligencia SEBIN, Gustavo González, la fiscal Katherine Haringhton, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, entre otros.
Los señalados verán bloqueados sus activos en Estados Unidos y no podrán ingresar a ese país.
El gobierno de Venezuela llamó a consultas a su encargado de Negocios en Washington, Maximilien Arveláiz.
