El abogado Namphi Rodríguez deploró el clima de violaciones a la privacidad de las personas que impera en el país mediante el espionaje telefónico e instó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) a hacer cumplir la sentencia 200-13 del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del reglamento de esa entidad por autorizar ilegalmente a los organismos de seguridad del Estado a intervenir sin orden judicial las comunicaciones de los ciudadanos.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que esa sentencia data de noviembre del 2013, pese a lo cual el Indotel no ha procedido a convocar a vistas públicas para redactar un reglamento que observe el procedimiento legal para acceder a los datos de tráfico, conexiones y acceso de los usuarios de las telecomunicaciones.
Puntualizó que la falta de seguimiento del Indotel provoca que prevalezca “la práctica indiscriminada de intervenir los e-mail y los teléfonos de las personas, con lo cual se provoca un sentimiento amenazador de la intimidad que infunde el temor de ser permanentemente observados”.
“Sería interesante saber qué ha hecho el Indotel con esa sentencia, pues ahí hay temas que afectan los derechos fundamentales, como la cuestión de por qué período están conservando las prestadoras de servicios el registro de llamadas y conexiones de los ciudadanos y cuál es el criterio que esas compañías están siguiendo para suministrar información personal a los organismos de seguridad”, adujo.
Rodríguez definió como una herencia “inveterada y autoritaria” de de la dictadura de Rafael L. Trujillo y los gobiernos de Joaquín Balaguer la práctica de espiar las comunicaciones de los ciudadanos.
“Esa es una actividad que no sólo hacen los organismos de seguridad, sino que hay elementos que ofrecen al mejor postor esos servicios, no sólo a políticos, sino a cualquier persona para cualquier fin”, lamentó.
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Agregó que si se comprueba que se están obviando los criterios del Tribunal Constitucional para garantizar la legalidad de las intervenciones telefónicas, el Indotel podría ser sujeto de una acción judicial por desacato de sentencia del órgano de control constitucional.
“Esas cosas suelen pasar cuando un órgano técnico como el Indotel se politiza y no se tienen claro cuáles son los roles institucionales”, añadió.
“Industria del Espionaje” Campaña Electoral
El jurista advirtió que la “industria del espionaje” se suele expandir en períodos de campañas políticas, por lo que instó al Indotel a tomar las medidas necesarias para evitar que esa práctica se convierta en una “espada de Damocles” contra los candidatos y actores del sistema político en la contienda electoral que está por abrirse en el país.
“Personajes inescrupulosos, que usan medios repugnantes, se servirán con la cuchara grande si no hay una pronta intervención del órgano regulador de las telecomunicaciones para detener esta práctica”, alertó.
Adujo que esas intervenciones ilegales crean un clima nefasto de invasión en la vida privada de las personas, que contraviene los preceptos de la Constitución que protegen el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones como una prerrogativa fundamental.
El artículo 44 de la Constitución prescribe que “toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo tipo”. Citó
El Tribunal Constitucional se pronunció en el 2013 sobre el procedimiento para intervenir los teléfonos de los ciudadanos luego de una acción directa en inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho y el Centro para la Libertad de Expresión, que dirigen el abogado Namphi Rodríguez y el periodista Rafael Molina Morillo, respectivamente.
