Santo Domingo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada informa que en días recientes reconocidas empresas que operan en el país han enfrentado situaciones alarmantes provocadas por turbas que han penetrado de manera violenta a sus instalaciones y agredido físicamente a sus colaboradores, llegando incluso a echarlos a la calle. De igual forma, realizaron destrozos en áreas físicas, se apoderaron de valiosos equipos y cortaron el suministro de energía, por consiguiente provocando la paralización completa de las operaciones.
El caso con estas características de mayor gravedad ha sido el de la empresa Bepensa Dominicana, S.A., socio embotellador de Coca-Cola en el país, sometida al acoso y agresión provocados por una turba de aproximadamente cincuenta personas que penetró de manera violenta a sus instalaciones. Las autoridades competentes han reconocido que estos actos han obedecido a un proceso deliberado y carente de toda autorización legítima.
El sector privado agrupado en el CONEP condena estas acciones vandálicas que se están presentando en nuestro país, las cuales constituyen un atentado en contra del buen clima de negocios y la confianza para las inversiones privadas en República Dominicana.
Consideramos que si este tipo de situaciones no es enfrentada y sancionada ejemplarmente por los poderes públicos, aparte de generar pérdidas económicas significativas, se constituirán en un serio obstáculo al desarrollo de los sectores productivos del país, que se esfuerzan en promover el crecimiento y la diversificación de la economía dominicana.
Indica el Conep en un comunicado enviado a Ensegundos.do que lo más preocupante es la cada día más frecuente implicación en este tipo de acciones de jueces, fiscales, registradores de títulos, alcaldes, alguaciles, miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo que envía una señal funesta a los mercados internacionales y a la comunidad empresarial dominicana. Por tal motivo, consideramos que la respuesta del Estado debe ser enérgica y contundente para evitar que esto se constituya en una práctica recurrente y sistemática, que se perciba que cuenta con la complicidad por acción u omisión de las autoridades del país.
De nuevo, hacemos el más enérgico llamado a las autoridades competentes y a la administración de justicia a esforzarse de manera decidida en la preservación del derecho a la propiedad privada, el Estado de Derecho y de seguridad jurídica de la nación. Por consiguiente, las máximas sanciones correspondientes deberían ser aplicadas a todos los responsables de haber atentado contra los principios y normas establecidas en el ordenamiento jurídico del país.
