Santo Domingo. El Ministro de Industria y Comercio reveló ayer que el Gobierno entrega más de 30 mil millones de pesos anuales en exenciones de combustibles para diferentes sectores.
José del Castillo Saviñón favoreció la implementación de mecanismos de revisión, fiscalización y control para evitar el trasiego de combustibles subsidiados.
La Comisión de Hacienda del Senado se reunió con el ministro de Industria y Comercio para continuar con la discusión de la resolución que busca un informe “pormenorizado y detallado” sobre la situación de la implementación de las disposiciones reglamentarias que establece la Ley No. 253-12.
El senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión de Hacienda, manifestó que del Castillo Saviñón entregará a ese órgano senatorial los listados con cantidades y volúmenes de los beneficiados de las exenciones fiscales de los combustibles.
El representante de Pedernales dijo que con la iniciativa se busca conocer cuál es la realidad de las exenciones y qué le cuesta al Estado; y además el porqué el reglamento de la Ley No. 253-12 no se ha podido aplicar.
La resolución que solicita a los ministerios de Hacienda, Industria y Comercio, a la Dirección General de Aduanas, a Impuestos Internos y la Superintendencia de Electricidad rendir un informe sobre la situación, fue presentada por el senador por San Cristóbal, Tommy Galán.
El pasado año, el senador por San Cristóbal, entonces presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara alta, alertó sobre la forma en que empresas, sindicatos de transportistas y otros sectores estarían usando los combustibles subsidiados por el Estado, debido a que entiende se está violando la Ley 253-12.
Denunció que por falta de controles se está generando un trasiego que cada vez es mayor de esos hidrocarburos, porque se desarrolla un “mercado negro”.
Explicó al periodista Ramón Pérez Reyes del Listín Diario que la comisión estaba a la espera de los informes “pormenorizados” que solicitó a los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio sobre las acciones para aplicar el artículo 19 de la Ley 253-12, para el Fortalecimiento Fiscal y el Desarrollo Sostenible. Además, pidió una relación de empresas que reciben exenciones, montos de los subsidios y los volúmenes de combustibles asignados a los sindicatos y transportistas y otorgó un plazo de siete días para que esas instituciones remitieran los documentos requeridos. Mientras que Del Castillo explicó que los sindicatos del transporte reciben cada año cuatro millones 125 mil galones de combustibles en subsidios.
A esta situación se le atribuyen los hechos de violencias entre los sindicatos de choferes, que llevaron a la cárcel a un regidor, acusado de asesinato.
