Santo Domingo. Los ajustes a los precios de las viviendas de bajo costo publicados por la DGII, el pasado jueves 28 de mayo, se realizan en contravención a las leyes y decretos que rigen y norman la valoración de la vivienda de bajo costo, al tiempo que alejan a miles de familias dominicanas de las posibilidades de acceder a viviendas propias.
Este planteamiento lo hace la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), la Asociación de Ferreteros (ASODEFE), la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM), y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD), quienes en rueda de prensa se expresaron al respecto.
Según las mencionadas organizaciones, las cuales representan los sectores fundamentales en la vida económica nacional, la DGII viola las disposiciones del Código Tributario, de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, el Decreto 359-12 sobre acreditación de proyectos de viviendas de bajo costo. “El Decreto 359-12 sobre acreditación señala claramente que el cálculo a realizarse para determinar el valor máximo de las viviendas de bajo costo debe tomar el año 2009 como punto de partida, sin embargo la DGII realiza su cálculo a partir del año 2011” declaró el Ing. Héctor Breton, Presidente de ACOPROVI, al señalar que de cumplirse lo ordenado por la ley una mayor cantidad de familias obtendrían bonos para las viviendas.
De conformidad con el párrafo 26 del Decreto 359-12, el precio tope de las viviendas de bajos costos que pueden beneficiares de los incentivos de la Ley 189-11 es de RD$ 2,829,572.35, en cambio la DGII considera que el tope es de RD$ 2,307,060.92.
Cumplir con lo que ordenan las leyes y el decreto del valor de la vivienda de bajo costo es fundamental para la disminución del déficit habitacional, puesto que los adquirientes de este tipo de viviendas tienen derecho a recibir de parte del Estado, un bono.
En declaraciones al respecto el Ing. Héctor Breton dijo: “El gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, del Banco Central, de la Junta Monetaria, y del Banco de Reservas, está haciendo aportes fundamentales en este sentido, no obstante la DGII toma medidas en contra del propio gobierno llevándolo a la ilegalidad, y las entidades aquí representadas anunciamos que iniciaremos las acciones administrativas y judiciales necesarias para que la DGII cumpla el ordenamiento de la ley.
La ley 189/11 es una ley social y de desarrollo, no obstante la DGII no lo visualiza así. Es inaceptable que se continúe violando las leyes de nuestro país por el solo interés de aumentar las recaudaciones. La voracidad tributaria no puede trascender los límites y procedimientos trazados por nuestras leyes.”
“Mientras que el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 153-13, estableció en el año 2013 el valor en RD$ 2,400,00.00, y mientras el Banco Central y la Junta Monetaria, a través de la recién liberación de encaje legal, también lo consideran de RD$ 2,400,000.00, ahora la DGII pretende considerar un valor menor, cuando debe ser se RD$ 2,829,572.35, de acuerdo con el decreto 359-12”, afirmó el Ing. Héctor Bretón, quien expresó: “De igual forma, con la publicación de la norma 01- 2015 la DGII trata anular los incentivos previstos por la ley 189-11 en su artículo 131 que exonera, a los fideicomiso para la producción de vivienda de bajo costo, de todo tipo de impuestos sobre la construcción, la ganancia de capitales y el impuesto sobre la renta, así como cualquier otro impuesto que afecta a la construcción de este tipo de proyecto, en el entendido de que ningún impuesto podrá aplicarse a la construcción de la vivienda de bajo costo”.
Ante la prensa, las mencionadas entidades explicaron que hicieron todos los esfuerzos posibles en reuniones con la DGII y los diferentes estamentos del gobierno para hacerles entender que, de no cumplir la ley, además de darle una estocada al sector de la construcción, al sector fiduciario y al sector financiero, pondrían en entre dicho su voluntad de resolver los problemas a la familia dominica que necesita una vivienda, las cuales se construyen en base a esquemas legales que ahora pretenden ser desconocidos. “Medidas como estas afectan a la institucionalidad del país, afecta la seguridad jurídica y la inversión, ya que hay muchas familias que han comprado sus viviendas confiando en que se respetaría el Decreto 359-12 emitido por el Presidente Leonel Fernández”.
“Le solicitamos al honorable señor presidente Danilo Medina Sánchez procurar que la DGII cumpla con la ley 189-11, con los incentivos que establece en su artículo 131 para que se pueda construir a más bajo costo, y con el decreto 359 – 12 que establece el monto de la vivienda de bajo costo en 2, 829,572.35 ” concluyó el Ing. Héctor Breton presidente de ACOPROVI.
Sin menoscabo de lo anterior, las organizaciones citadas señalaron que la DGII aún está a tiempo de enmendar su error, evitando así perjudicar a las familias dominicanas que se han esforzado en ahorrar para adquirir su vivienda propia.
