Santo Domingo, República Dominicana. La desesperación y la incertidumbre se apoderaron el martes de miles de haitianos agolpados en oficinas estatales de República Dominicana a menos de 24 horas de que venza el plazo de inscripción para la regularización de inmigrantes, del que se estima quedarán fuera unos 200.000 haitianos.
«Tengo cinco días viniendo aquí y no logro entrar», se queja a la AFP Jean Claude Jodias, mientras hace fila a la intemperie frente a la sede del Ministerio de Interior y Policía, responsable del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
«Por la mañana yo entré, pero la policía me sacó y no puedo pelear. Yo di 500 pesos (10 dólares) a un hombre para pasar y no lo volví a ver», cuenta Jodias, un obrero de la construcción con 10 años en Santo Domingo.
Ni el candente sol ni las lloviznas esporádicas o el frío de las madrugadas hacen mover de las inmediaciones del ministerio a más de medio millar de haitianos que llevan varios días apiñados a la espera de poder entrar.
El tiempo se les acaba. Cuando las oficinas de recepción de solicitudes cierre este miércoles a las 19H00 local (23H00 GMT), será la última oportunidad para impedir deportaciones, pues finaliza el plazo del proceso para la regularización de inmigrantes haitianos o de cualquier otra nacionalidad que abrió el gobierno de Danilo Medina.
«Aquellas personas que no se acogieron al plan de regularización, esas personas están sujetas a la repatriación», dijo este martes por radio el viceministro de Interior, Washington González.
En 2013, una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional había determinado que no eran dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, ni aún cuando estuvieran asentados en el registro civil, lo que desató una ola de críticas dentro y fuera del país.
A raíz de esta controversia, el gobierno de Medina abrió el proceso de legalización.
«Nací aquí, es lo primero. Resulta que ni mi mama ni mi papa me sacaron papeles de aquí, entonces yo lo que quiero es tener algo que me pueda asegurar aquí para no deportarme a un país que no conozco», declaró Karina Charles, una estudiante de 18 años.
– «Fuera unos 200.000 haitianos» –
El cuadro de la espera se torna más calamitoso con la presencia de decenas de niños, algunos con apenas meses de nacidos, cuyas madres aguardan por tres y hasta cinco días en las calzadas del edificio del Ministerio del Interior, ubicado en el centro de la capital dominicana.
«Desde noviembre solicité los papeles y no los he conseguido», protesta Mariamis Crousef, recostada de la verja del Ministerio mientras carga con su hija de un año y medio.
Se apoyan unos a otros, se empujan, se pelean, lucen desorientados y muchos se quejan de que hay una gran desinformación. La escena se repite en Santiago (norte) y otras oficinas habilitadas en el país.
El gobierno ha dicho que a partir de este jueves las personas que hayan sido preseleccionadas, aún cuando no hayan entregado toda la documentación, estarán resguardadas por un año.
«Estarían quedando fuera unos 200.000 haitianos», calcula Roudy Joseph, coordinador del Movimiento Justicia Migratoria, formado hace un año por 18 organizaciones de la comunidad haitiana en Dominicana y unas 12 entidades de la Central Nacional de Unidad Sindical (Dominicana).
El cálculo de Joseph parte de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012, realizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas, que establece que en República Dominicana residen unos 560.000 inmigrantes, de los cuales 458.000 son nacidos en Haití.
El Ministerio de Interior calcula que al final del plazo se habrán registrado 250.000 extranjeros, con entre 94% y 96% de haitianos.
Joseph, inmigrante legal con 10 años en Santo Domingo, sostiene que los objetivos del plan no se han podido cumplir porque las oficinas de Interior y Policía han duplicado las exigencias que en principio establecía el reglamento.
Haití -el país más pobre de América Latina- y República Dominicana comparten la isla caribeña La Española, y el problema de la migración se vio agravado tras el terremoto del 12 de enero de 2010 que dejó unos 200.000 muertos y un millón de desplazados.
