Santo Domingo. Los haitianos indocumentados en República Dominicana están desde ayer a la expectativa de una posible deportación tras el cierre de las inscripciones en el plan de regularización de inmigrantes, abierto por el gobierno de Danilo Medina.
El gobierno inició el proceso para conceder la documentación definitiva de los más de 250.000 extranjeros que lograron registrarse hasta el miércoles, cuando cerró el plazo de inscripción.
El Movimiento Justicia Migratoria, formado por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes, estima que han quedado fuera del plan unos 200.000 de los 458.000 haitianos que se estima que residen en Dominicana.
«Tenemos una base de datos, con fotos, huellas, y se está completando el resto de los datos contenidos en los formularios y los vamos a ir llamando, convocándolos para entregarles» sus residencias a quienes cumplieron los requisitos, dijo a la prensa Samir Santos, director ejecutivo del plan de regularización de migrantes.
El Ministerio de Interior y Policía cerró el plazo para regularizar la situación de los residentes ilegales sin que miles de inmigrantes que estaban formados en fila, la gran mayoría del vecino Haití, lograran ingresar a las diferentes oficinas habilitadas.
Varias organizaciones sociales solicitaron al gobierno del presidente Medina que en las eventuales deportaciones se respeten los derechos infantiles, evitando la separación forzosa de las familias.
«Que los niños y niñas permanezcan con sus familias, evitando las deportaciones de adultos sin sus hijos y el traslado de niños y niñas trasportados colectivamente con adultos extraños», demandó en un documento la Coalición ONG por la Infancia.
Plan Internacional, Save de Children y Word Vision dieron a conocer su posición en una rueda de prensa en la que pidieron también al gobierno haitiano que se involucre en preservar los derechos de los menores de edad.
El gobierno de Medina, que en diversos foros internacionales ha negado violación de derechos humanos en las deportaciones, sostiene que los centros de retención y de autobuses con los que cuenta para el traslado de los repatriados les garantizan un trato digno.
Las personas que completaron toda la documentación requerida serán dotadas de una etiqueta en su pasaporte, o a falta de este en un carnet, que les identificará como residentes durante dos años, detalló el director ejecutivo del plan.
El concluido proceso de regularización fue caótico y caracterizado por la desinformación, según varios aspirantes a legalizar su estatus migratorio.
