Washington, Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará una misión a República Dominicana para atender el «preocupante» panorama migratorio en ese país, anunció este martes su secretario general, Luis Almagro, quien llamó al cese de las expulsiones hacia Haití.
«El panorama migratorio es preocupante dado que registra un ingreso masivo de personas de Haití provenientes de la República Dominicana y la situación se ha ido deteriorando con el correr de los días», dijo Almagro durante una audiencia del Consejo Permanente de la OEA.
Para Almagro «es imperioso cesar los movimientos migratorios voluntarios o no» en la frontera con Haití, y «acciones que impliquen la declaración de apatridia de miles de personas».
Pero el canciller dominicano, Andrés Navarro, defendió el programa de regularización y negó que su país esté deportando personas a Haití.
El pasado 17 de junio finalizó en República Dominicana un proceso de regularización de indocumentados -en su gran mayoría haitianos-, en el cual las autoridades dominicanas recibieron 288.446 solicitudes de residencia.
Sin embargo, el plan dejó por fuera a 180.152 inmigrantes, indicó Luis Henry Molina, viceministro de la Presidencia.
Desde que terminó el programa el 17 de junio, «no se han producido deportaciones ni masivas ni individuales» a Haití, dijo el canciller Navarro durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA.
Sin embargo, afirmó que unos 17.000 inmigrantes indocumentados que no se acogieron al plan de regularización están en proceso de «retorno voluntario» a su país de origen.
Navarro también refutó denuncias de que el programa había despojado a personas de su ciudadanía y afirmó que «el número de casos de apatridia es cero».
La representación de Haití ante la OEA pidió a Dominicana que se «detengan devoluciones de mis ciudadanos» y se respeten los derechos humanos de los inmigrantes, según dijo su embajador Bocchit Edmond.
El plan de regularización, así como una ley de naturalización de hijos de extranjeros indocumentados forman parte de las respuestas del Estado dominicano a un fallo de septiembre de 2013, en el que el Tribunal Constitucional negó la nacionalidad dominicana a los descendientes de inmigrantes ilegales nacidos en Haití.
