Washington, Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) inicia esta semana una misión a República Dominicana y Haití para evaluar su disputa migratoria, caldeada por el reciente desplazamiento de decenas de miles de extranjeros de origen haitiano desde territorio dominicano.
Los técnicos de la OEA visitarán los dos países, que comparten la isla caribeña de La Hispaniola, entre este jueves y el 14 de julio, dijeron a la AFP fuentes del organismo.
Aprobada por el Consejo Permanente del ente continental, la misión servirá para evaluar la «situación migratoria de la población haitiana» que vive de manera irregular en Dominicana y «buscar una solución duradera» al conflicto, dijo su secretario general, Luis Almagro.
La delegación estará presidida por el secretario de asuntos políticos, Francisco Guerrero, junto con varios especialistas, aunque Almagro no pudo confirmar la presencia de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA.
Un cambio de la política migratoria en República Dominicana ha creado incertidumbre en millares de extranjeros y provocado un nuevo conflicto con su vecino Haití, el país más pobre de las Américas.
El Plan Nacional de Regularización de los Extranjeros (PNRE), que afecta a más de 250.000 personas, sobre todo haitianos, finalizó el 17 de junio, pero muchos no pudieron concluir el trámite en el plazo fijado y corren el riesgo de ser expulsados del país.
Según los servicios dominicanos, 31.225 haitianos habían regresado de manera voluntaria a su país hasta el 1 de julio.
En una sesión este miércoles en la OEA, el canciller de Haití, Lerner Renaud, pidió la intervención de la CIDH para resguardar los derechos humanos de los migrantes desplazados, alertando de riesgos en seguridad si el programa sigue adelante.
«El riesgo es grande de que la República de Haití se encuentre con decenas de miles de dominicanos desnacionalizados», dijo Renaud ante el Consejo Permanente de la OEA.
La problemática puede dejar «consecuencias graves para Haití en particular y para la región en su conjunto», añadió, una semana después de su par dominicano Andrés Navarro defendiera el plan en ese foro.
El programa de regularización respondió a una sentencia de 2013 del máximo tribunal dominicano que decidió que «los niños nacidos en el país con padres extranjeros en tránsito no tienen la nacionalidad dominicana», un fallo retroactivo a 1929 que sembró en más de 250.000 personas, principalmente, hijos de padres haitianos, incertidumbre sobre su estatus migratorio.
El embajador dominicano ante la OEA, Pedro Verges, defendió las políticas migratorias de su país, acusado de racismo y discriminación por organizaciones civiles desde 2013.
Verges denunció «la confusión que se pretende hacer entre repatriados o deportados y simples ciudadanos que regresan a su país», dijo en relación con los regresos «voluntarios».
«Confundir esas dos cosas es crear un motivo más de complicación», añadió.
