La Sociedad de Autores, Editores y Compositores de Música (SGACEDOM) hizo un llamado a las autoridades competentes para que no destruyan los equipos de música y bocinas de los negocios cuando estos sean incautados por alto volumen sin el debido proceso legal y de advertencia, con la finalidad de que el comerciante o negocio corrija la situación.
En un comunicado de prensa enviado por esta institución expresa que lo correcto sería aplicar medidas de sanción, no destructivas en lo inmediato, pues esta situación está creando reacciones que ya afectan valores económicos privados de personas que pagan sus impuestos. Afecta además la libertad de esparcimiento, de entretenimiento; al derecho de autor, a miles de empleados en el país, y por ende: al Estado dominicano, al actual presidente de la República y su política, ya que la carga de las pérdidas son achacadas al gobierno, y esta repercusión no es silente ni queda en el olvido.
Expresó que se ha evidenciado y ha quedado claro que, según informe de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la música genera más empleo y más recursos para los Estados, que la industria de la moda y de autos.
Alejandro Martínez, presidente de Sgacedom puso como ejemplo que en la provincia de Higuey existen unos 180 negocios que contratan, cada uno, directamente, 20 puestos laborales, más unos 10 a 15 puestos laborales indirectos. De dos mil a tres mil personas se mueven en las áreas de entretención, libre/diario, en el ámbito turístico de la zona, por lo que esta situación directa contra el comercio, afecta el mercado y las inversiones de muchas personas.
“Como sociedad de gestión colectiva que, de acuerdo a la ley 65-00, sobre derecho de autor, administra obras musicales de autores nacionales y extranjero en todo el territorio nacional, por este medio nos dirigimos a ustedes, preocupados por la forma en que se aplican las acciones que vienen ejecutándose en contra de diversos negocios, comercios nacionales, relacionado con la intensidad del volumen de la música”, expresa el comunicado.
De acuerdo a los convenios bilaterales suscritos por nuestra nación con otras naciones, en materia de derecho de autor, en el orden de la Constitución de la República y sus artículos 51 y 52; en concordancia expresa con la ley 65-00 y al decreto constitutivo emanado por el Poder Ejecutivo, así como por la representaciones recíprocas de repertorios musicales extranjeros, por la afiliación directa e indirecta de autores del mundo, del país: nuestra entidad, Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música Inc. (SGACEDOM), tiene la responsabilidad de proteger todo uso comercial de las obras musicales que se haga en el territorio nacional, y emitir los permisos o licencias, de acuerdo a la ley, a cada negocio, usuario o empresa, y a la vez, cobrar, recaudar la remuneración correspondiente de acuerdo a la tarifa homologada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), dice el comunicado.
Significa por tanto, que la gestión que hace Sgacedom, además de procurar el salario del autor, de los autores, cada tres meses, contribuye con el respeto a la Constitución, a ley, al fortalecimiento de los derechos fundamentales, a la cultura, al sano entretenimiento, al cumplimiento de los acuerdos internacionales, lo que vigoriza la imagen nacional ante organismos extranjeros.
Visto esto, nos dirigimos a su atención, con la finalidad de que se adopten, de manera urgente, las medidas y correcciones de lugar para que se viabilice, dentro de la ley, una forma idónea que deje de afectar a miles de negocios que en todo el territorio nacional utilizan música y aportan al entretenimiento popular, al turismo, y sobre todo: al Estado Dominicano, no solo con pagos importantes de impuestos, sino, además, con la generación constante de puestos laborales, lo que reduce la carga o presión del gobierno y favorece a millares de familias sin empleos, y por supuesto: a los miles y miles de autores, nacionales y extranjeros que representamos, los cuales reciben pagos que se constituyen en su salario de vida, salario que se ve afectado por la forma de las acciones que se ejecutan en contra de negocios, colmados, en todo el país, y que están amenazando la libertad de entretenimiento, de esparcimiento del pueblo, del turismo, etc.
