Los trabajos para el proyecto múltiple de las presas de Monte Grande y la rehabilitación y complementación de Sabana Yegua, se encuentran afectados y paralizados desde hace varios meses, a causa de los problemas legales de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez en su país.
Según una fuente de entero crédito, los fondos, estipulados en unos 354 millones 282 mil 988 dólares para los trabajos de ambos embalses, han sido frizados por las acusaciones de corrupción en Brasil a la compañía encargada de la construcción.
La empresa de origen brasileña tiene en República Dominicana el derecho contratado para los estudios, diseños, construcción y gestión del financiamiento de los trabajos múltiples de las presas de Monte Grande y la rehabilitación de la de Sabana Yegua.
La fuente indicó a DominicanosHoy que una de las preocupaciones sobre la paralización de los trabajos es que no se ha podido aprovechar la sequía que afecta al país, a los fines de avanzar las edificaciones en los embalses antes de que inicie la temporada de lluvias.
El 10 de marzo del 2011, el Senado aprobó en una única lectura el contrato comercial para el estudio, diseño, construcción y gestión de financiamiento del proyecto múltiple de la presa de Monte Grande y la rehabilitación y complementación de la Presa de Sabana Yegua.
En esa ocasión, el informe sobre la Presa de Monte Grande fue presentado por el senador Tommy Galán, quien destacó que la región suroeste constituye la mayor prioridad en materia de desarrollo regional y de reducción de la pobreza.
Añadió que es evidente la necesidad de promover proyectos de desarrollo en la zona Sur, con el propósito de lograr que sus pobladores satisfagan sus necesidades básicas.
En relación a la presa Sabana Yegua, se estima que generará unos dos mil 500 empleos directos durante su levantamiento, mil plazas demandadas para la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego, 12 mil 500 nuevos empleos permanentes en la actividad agrícola en las zonas de bajo riego y nuevas fuentes de trabajos y producción de pesca.
El proyecto de construcción tendrá tres fases y el precio del contrato es por la suma de 354 millones 282 mil 988 dólares.
El lío en Brasil
20 de julio de 2015, la Policía Federal brasileña imputó al presidente de la constructora Andrade Gutiérrez y a otras ocho personas por su supuesta participación en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras, informaron fuentes oficiales.
Otávio Marques de Azevedo, presidente de la empresa, fue acusado de corrupción activa, lavado de dinero y fraude en licitación, los mismos cargos que fueron formulados contra otros cuatro directivos de la compañía y tres personas vinculadas al caso.
Con la formulación de esos cargos, la Policía Federal dio por concluidas las investigaciones en torno a Andrade Gutiérrez, que forma parte de una veintena de grandes empresas implicadas en la red de corrupción descubierta en Petrobras, que según la propia estatal se apropió de unos 2.000 millones de dólares en la última década.
Andrade Gutiérrez es una de las más importantes constructoras de Brasil, opera en 40 países y la Policía Federal asegura que ha comprobado su participación en los fraudes que, desde hace un año y medio, se investigan en Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
Cómo funcionaba
Según las autoridades judiciales, las compañías implicadas en el caso obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y las diferencias eran repartidas entre los políticos que amparaban las corruptelas y algunos exdirectivos de la empresa estatal.
Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
Ambos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, aunque el pasado viernes Cunha anunció su decisión «personal» de abandonar las filas del oficialismo y pasar a engrosar la oposición.
Por su supuesta participación en esas irregularidades, está preso Joao Vaccari, extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Según las investigaciones, las compañías privadas implicadas en el caso obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y las diferencias eran repartidas entre los políticos que amparaban las corruptelas y algunos exdirectivos de la estatal.
Fuente Dominicanoshoy.com
