La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), criticó que el Ministerio de Educación haya declarado de urgencia la contratación de servicios relacionados con las pruebas nacionales, para sustraerse del cumplimiento de las formalidades que establece la ley 340-06 y su reglamento de aplicación.
El director ejecutivo de la entidad de sociedad civil, Lic. Miguel Reyes Taveras citó como prueba de su denuncia, el alquiler por decenas de millones de pesos de camiones para transportar las pruebas nacionales, contratación que fue declarada de urgencia por el ministro de educación, Carlos Amarante Baret, mediante resolución No. 09-2009, con el objetivo de excluirla de la aplicación de la Ley 340-06.
El licenciado Reyes manifestó que la referida resolución de declaratoria de urgencia fue emitida sin un informe pericial previo, en franca violación a la mencionada ley 340-06 y su reglamento de aplicación.
Asimismo, reveló que en el mencionado proceso, sólo participaron dos empresas, cuya actividad comercial es la recogida de basura y la construcción, respectivamente, objetos comerciales totalmente divorciados de los servicios contratados por el MINERD.
El licenciado Reyes expresó que resulta preocupante que un sistema que lleva casi dos décadas aplicándose en el país, como es el caso de las pruebas nacionales, para sus compras y contrataciones utilice un procedimiento que la ley prevé exclusivamente para situaciones de casos fortuitos, inesperadas e imprevisibles.
La ley 340-06 en su artículo 6 prevé que “la dilación en el accionar de los funcionarios intervinientes” no es considerado un fundamento válido para alegar razones de urgencia, agregó. De modo que las autoridades del MINERD yerran al querer beneficiarse de la improvisación y falta de planificación en el ejercicio de sus funciones.
El director ejecutivo de FJT, advirtió que esa entidad seguirá atenta a la acciones del MINERD, a fin de velar por la ejecución transparente del 4% del PIB que el pueblo dominicano conquistó. Y que apoderaran a la Dirección General de Compras y a la Dirección General de Ética Gubernamental para que investiguen sus denuncias y tomen las medidas de lugar.
