Mal paso, Haití. Luego de trece horas de viaje bajo un sol calcinante, un gran autobús anaranjado del servicio de inmigración dominicana se detiene frente a una barrera fronteriza: 35 migrantes bajan, expulsados hacia Haití sin nada más que la ropa que llevan.
Camisa, pantalones oscuros y zapatos de cuero, Jules Mismac no carga otra cosa que su biblia en la mano.
La mañana del 26 de octubre, cuando hablaba con su pastor, la gente de inmigración pasó y se lo llevaron, cuenta con calma este haitiano de 41 años, quien vivía en República Dominicana desde 2011.
«El pastor quería darme dinero pero ellos se negaron y me llevaron» en dirección hacia la frontera con Haití, recuerda.
Bajo la vigilancia de militares dominicanos y policías haitianos, Mismac toma su lugar junto a otros expulsados en pequeños autobuses a sólo unos metros de la frontera.
El convoy recorrerá un kilómetro sobre el sendero que rodea el lago Azuéi. Para los expulsados, la primera etapa de su vida en Haití será ante la oficina de inmigración.
La escena se ha vuelto común después de un proceso de regularización de extranjeros en República Dominicana, decidida en el marco de una nueva política migratoria, que se concretó en junio.
Frente a la polémica que causó una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que retiraba la nacionalidad dominicana a los ciudadanos de origen extranjero después de 1929, el gobierno de República Dominicana comenzó a regularizar la situación de los nacidos en su territorio.
En la localidad de Malpasse, en la estrecha oficina, los funcionarios haitianos llenan formularios de ingreso a su territorio, entregando a cada expulsado un billete de la Organización Internacional de Migración que prueba que fueron registrados.
Además de este procedimiento, la Cruz Roja y las asociaciones haitianas de apoyo a los repatriados colectan información sobre cada persona.
«¿Dónde fue arrestado?, ¿Desde cuándo vivía en República Dominicana?». Los empleados de ONGs compilan las respuestas en la grilla de documentos elaborados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
– «¿A dónde va?» –
«¿Dónde vas a ir en Haití?». Arrestados sin haber tenido tiempo para prevenir a sus parientes y sin dinero, son raros los expulsados que pueden responder esa pregunta.
Este sufrimiento es cotidiano, constatan las personas que trabajan en Malpasse, uno de los cuatro puestos fronterizos entre Haití y República Dominicana.
«Llegan por decenas sin nada en los bolsillos (…) Muchos ni siquiera son haitianos», asegura un funcionario de inmigración de Haití, que no está autorizado a comentar oficialmente la situación.
Luc Blanco es una de las víctimas de arrestos arbitrarios de militares dominicanos.
«No sé nada de este país, no sé lo que viene después de este cambio», explica el joven de 23 años, al apuntar el sendero hacia el lago. «No sé adónde me van a llevar y qué van a hacer conmigo», dice preocupado.
En un creole mezclado con español, Luc cuenta cómo los oficiales lo embarcaron sin contemplaciones. «Me arrestaron delante de mi casa. Les dije que quería tomar mis cosas, pero no me dieron tiempo».
Este joven nació en El Seibo, al norte de Santo Domingo, en un batey, un barrio pobre donde se aglomeran los cortadores de caña de azúcar. Su error: no haberse registrado ante el registro civil dominicano.
«Mi madre murió cuando era pequeño y nunca conocí a mi padre», explica. «Yo vivía con mi hermano y mi hermana. Ellos tienen los papeles, pero es porque ellos nacieron de otro padre».
La actual crisis migratoria es sólo un capítulo nuevo en la historia conflictiva entre Haití y República Dominicana, pero significa mucho más para las organizaciones de la sociedad civil haitiana.
«Muchos dejan atrás a sus hijos, a sus parejas. Yo considero eso como un crimen contra la humanidad», denuncia Pierre Garot Néré, coordinador del colectivo de organizaciones para la defensa de los derechos de los migrantes y repatriados (Coddemir).
«Estas personas son ilegales, pero sobre todo son seres humanos», agrega.
Se enfurece contra el racismo y la xenofobia palpitante en el seno de la sociedad dominicana. Garot Néré critica la inacción de la comunidad internacional: «Es inaceptable observar este crimen contra la humanidad y no hacer nada».
