El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, instó a las autoridades a investigar «hasta las últimas consecuencias» si hubo irregularidades en la remodelación del hospital Darío Contreras.
Al participar en la XXII Jornada de Derecho Constitucional que se celebra en el hotel Sheraton de la capital, Castaños Guzmán volvió a plantear la necesidad de que la República Dominicana aplique «un régimen de consecuencias», que contribuya a desincentivar la comisión de actos de corrupción en la administración pública.
En su opinión, el Ministerio Público debe indagar partiendo de la investigación hecha por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas sobre la remodelación del hospital a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) durante la gestión de Miguel Pimentel Kareh.
A su juicio, este caso «es una buena oportunidad para tratar de que se haga justicia, ya que dicha investigación determinó que en la remodelación del hospital se produjeron serias y graves violaciones a la ley contrataciones».
También el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, estuvo presente en estas jornadas sobre derecho, donde aseguró que la alta corte es garante de la libertad, democracia y la justicia social, y que «no se puede concebir una sociedad democrática sin justicia constitucional».
La legitimidad del funcionamiento de este órgano se logra por la calidad, contenido, ejecución y respeto de sus decisiones, destacó durante su participación.
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Además, la Carta Magna dominicana no deja lugar a dudas al respecto, tal y como figura en el artículo 184 donde se califica a las decisión de la Corte como «definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y los órganos del Estado.»
En el discurso sobre «Legitimación de los órganos de justicia constitucional en el siglo XXI», Guevara señaló que «los tribunales constitucionales se encuentran a mitad de camino entre la sociedad y el Estado y defienden el consenso del interés general de la sociedad y los derechos fundamentales de las personas frente a los poderes públicos y privados», subrayó. EFE
