Santo Domingo. La insistencia de Amnistía Internacional de que el Gobierno dominicano reconozca que en el país hay apátridas, encontró respuesta por parte del presidente de la Junta Central Electoral, quien calificó como una calumnia el informe de esa organización internacional.En rueda de prensa celebrada en la sede de la JCE, Roberto Rosario refirió que con “sus mentiras”, Amnistía Internacional solo persigue la alteración del ordenamiento jurídico del país, para adaptarlo a sus intereses y a los de sus financiadores.
“Las políticas migratorias y el ordenamiento jurídico de República Dominicana no pueden depender de la voluntad de otro país, ni de instituciones internacionales que respondan a intereses ajenos y contrarios a los nuestros”, aclaró Rosario Márquez.
Dio que reta a Amnistía y a las organizaciones que respaldan el planteamiento de esa entidad, a presentar un listado de esos casos que sustentan que en el país hay apátridas. “Esa entidad debe presentar de manera responsable los nombres y las informaciones de quienes ellos dicen que están siendo discriminados y no hacer declaraciones genéricas e irresponsables”, puntualizó.
Auditoría
Rosario Márquez justificó que como muestra de los esfuerzos del Gobierno por regularizar la situación migratoria del país, el Estado dominicano implementó una auditoría a los libros de registros civil, de la cual unos 55 mil hijos extranjeros resultaron favorecidos y se les entregó documentos. “De estos, 10,051 personas se han presentado a la institución a retirar su cédula de identidad y electoral y 9, 424 han recibido un acta”, reveló.
Además expresó que de los hijos de extranjeros en condición migratoria irregular que se inscribieron en el Plan Nacional de Regularización, la JCE ha recibido 6,258 personas de las cuales 5,092 están debidamente registrados y 301 están en proceso de registro. Los números presentados por Rosario Márquez, también indican que solo unos 55 expedientes fueron devueltos por inconsistencia.
“Sin papeles no soy nadie, personas apátridas en la República Dominicana”, es el nombre de la investigación de 60 páginas en la que la entidad plantea que el Gobierno dominicano debe reconocer la existencia de apatridia, para entonces resolver el estatus de esas personas. En las páginas de ese estudio no se ofrece una cifra de los afectados con la apatridia, pero según la investigadora Chiara Liguori, la cantidad podría llegar a ser de “decenas de miles”.
