El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) rechazó que en la República Dominicana exista apatridia como asegura Amnistía Internacional en un reciente informe, al tiempo que recordó que los problemas que afectaban a miles de personas nacidas en el país de padres extranjeros residentes en condición migratoria irregular, quedaron resueltos en gran medida y otros están vía de solución a través de la aplicación de la Ley 169-14 y un estricto apego al respeto de los derechos humanos.
«Con base a la referida legislación, los problemas que pudiesen haber afectado a esos grupos de personas han sido resueltos o están en vías de resolverse, por lo que no hay justificación para hablar de apatridia en la República Dominicana», precisa el Gobierno en un comunicado dado a conocer por la Cancillería.
Recuerda que la Ley 169-14 impulsada por el presidente Danilo Medina ofreció las vías y las soluciones más expeditas frente a la realidad que enfrentaba el país, pero a la luz y el fiel cumplimiento de las leyes y el ordenamiento constitucional dominicano, «una legislación que estamos fielmente comprometidos a seguir cumpliendo a través de los demás órganos del Estado, responsables de su aplicación».
Explica que con la aplicación de la referida ley el Gobierno no hizo otra cosa que acogerse a su derecho de adoptar sus normas sobre nacionalidad de acuerdo a sus realidades particulares, «pues no existe alrededor del mundo un modelo único de adquisición de la nacionalidad, lo que es perfectamente aceptado por el derecho internacional».
El MIREX señala en su comunicado que las normas sobre nacionalidad adoptadas por la República Dominicana son similares o compatibles con las que actualmente están vigentes en muchos otros países del continente, «por lo que no puede alegarse ninguna intención discriminatoria en esta materia por parte del Estado dominicano».
Manifiesta que, además, el Gobierno dominicano llevó a cabo un amplio programa de regularización migratoria de extranjeros residentes de manera irregular en el país, iniciativa apegada estrictamente al derecho soberano, las leyes y la Constitución, de la cual se han beneficiado decenas de miles de personas que hoy pueden vivir, trabajar y desarrollarse en el territorio dominicano con todos los beneficios que les proporciona la legalidad.
«El Gobierno dominicano ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos, y continuar trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos de garantías de los mismos, como contemplan la Constitución y el marco legal de la República Dominicana, en un paso que refleja la voluntad política hacia la apertura y la debida transparencia», refiere la Cancillería.
